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Según cifras de la CMF, la participación de mujeres en las empresas emisoras de valores y oferta pública en Chile alcanza casi al 40%, mientras que la participación en directorios subió de 13,4% a 15,1% entre 2021 y 2022,. En tanto que en el caso de gerentas pasó de 22,2% a 27,5%.

La comisionada Bernardita Piedrabuena recordó hoy que los factoring no bancarios no están dentro del perímetro regulatorio de la CMF, lo que podría cambiar con la nueva Ley Fintech, siempre que alguna de esas entidades se dedique a intermediar facturas.

Desde Fintechile afirmaron que “la data objetiva muestra que las empresas fintech no hacen un mal uso de los datos personales", ante los argumentos planteados por la comisionada de la CMF en un seminario este miércoles.

La comisionada de la CMF indicó que además es necesario aprobar la ley de Datos Personales, pues la iniciativa que regula a las fintech sólo aborda dichos resguardos para operaciones financieras.

Además, la pandemia golpeó en los créditos a empresas, donde aumentó notoriamente la brecha de la participación de mujeres respecto de hombres, desde 8 a 36 puntos porcentuales, pasando de un 92% en 2019 a un 64% en 2020. Esto es, 64 deudoras comerciales mujeres por cada 100 hombres.

Este miércoles los diputados de la Comisión de Constitución comenzaron a tramitar esta nueva iniciativa, para que la baja de la pensión de quienes hagan el retiro sea transitoria y no permanente. Desde la CMF dieron cifras de lo que hasta ahora ha significado el retiro. para las aseguradoras, y qué pasaría con este nuevo proyecto.

Bernardita Piedrabuena, entre otras cosas, planteó avanzar en la supervisión basada en riesgo de las aseguradoras, regulación de conglomerados financieros, fortalecer el marco de resolución bancaria, entre otros. Iglesias destacó la importancia de avanzar en la integración del organismo, y la regulación fintech.

En tanto se mantuvo la nominación del asesor en materia de pensiones del gobierno, Augusto Iglesias, para incorporarse al consejo de la entidad.

Afirma que se hicieron cambios al proyecto de ley que aseguran la independencia de la Agencia de Protección de Datos del gobierno de turno. Aclara que los tribunales deberán dirimir cuando este derecho choque con el de transparencia.