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En medio de la investigación del "caso Manicura" en que se indaga el mal uso de más de $700 millones proporcionados por la Gobernación de La Araucanía a la ONG Folab, un peritaje de la PDI da cuenta de la destrucción del celular del diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano). Este último es investigado por presunto tráfico de influencias al haber intervenido a favor de la fundación investigada ante autoridades del GORE. La Fiscalía ya decidió desaforarlo y trabaja en el escrito que deberá ingresar a la Corte.

En medio de la investigación por líos de plata en la Gobernación Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejidad- persigue la eventual responsabilidad penal del parlamentario en la defraudación de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado "caso manicura". Si bien el congresista entregó su dispositivo móvil, este estaba en malas condiciones tras una supuesta "jugarreta" de su hijo. Ante la Fiscalía Ojeda reveló que tras ayudar a la ONG Folab con un préstamo de $40 millones, luego le devolvieron $2 millones y medio más, por concepto de intereses. La calidad del integrante de la Cámara Baja en estos momentos es de imputado y se indagan sus acciones para obstruir la investigación, incluso sugiriendo "quemar teléfonos".

El Ministerio Público sostiene que hubo 54 hechos de violencia tras llamados que realizó el líder de la CAM y que motivaron indagatoria por Ley de Seguridad del Estado.

La pareja había recibido amenazas y preinforme de autopsia entrega indicios de un ataque con arma blanca que habría provocado su muerte.

El fiscal regional, Roberto Garrido, confirmó que las detenciones que se concretaron durante la madrugada se enmarcan en una indagatoria que comenzó a desarrollarse en marzo agrupando varias investigaciones “para perseguir y determinar la responsabilidad de integrantes del grupo radicalizado”.

"Los violadores homicidas tienen mucho más derechos que una víctima", lamentó Marcela Parra. "De acuerdo a todo el daño que ha sido acreditado a lo largo de estos dos juicios, no hay una pena que pueda mejorar aquellas afectaciones", sostuvo el fiscal Miguel Rojas.

"Hasta el momento se ha podido determinar, que hay ciertos patrones comunes en los mismos, que dicen relación con panfletos que nos indican precisamente que no están de acuerdo con las medidas disciplinarias adoptadas", expuso la vocera del Ministerio Público en la región, Nelly Marabolí.

“Va a subir sustancialmente el estándar de la certeza jurídica que las policías tienen para hacer el uso de la fuerza”, afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Desde hace dos años y medio que la Fiscalía de La Araucanía y la PDI seguían los pasos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Interceptaciones telefónicas lo sitúan en un millonario atraco a una forestal y en usurpaciones de predios. La escalada de emplazamientos públicos al Ejecutivo y los llamados a armarse hoy lo tienen en un complejo escenario, en que tendrá que enfrentar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) y -lo más probable- es que lo lleven de vuelta a la cárcel.

A más de un año de que el E.A.A.M. lograra escapar de su cautiverio y dejara al descubierto los tratos cruentos a los que fue sometido junto a un mecánico de 46 años -quien murió producto de los apremios-, el Ministerio Público de La Araucanía presentó acusación. En el libelo, el fiscal Enrique Vásquez entrega los medios de prueba recopilados y se explicita la intención de que todos los imputados -incluidos parte del clan Ancalaf- cumplan las penas más altas que contempla la ley en un caso sin parangón en la zona.

Ambas instituciones firmaron un convenio en el que se acuerda reforzar las medidas de seguridad para los fiscales vinculados a investigaciones de “violencia rural y cuya integridad física pueda encontrarse en riesgo”. El personal administrativo, en tanto, recibirá un entrenamiento especial por parte de la policía.

El Ministerio Público accedió a los elementos tecnológicos que Juan Pablo Pirce (39) mantenía en su domicilio el día del allanamiento. Se busca determinar si accedió o no a información reservada -dado su trabajo en el Juzgado de Garantía de Traiguén- y así obstruir investigaciones de violencia rural en la Macrozona Sur. Se pidió información al Poder Judicial y la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros creó un equipo para analizar el material requisado.

Hace dos años la Corte Suprema ordenó reabrir este caso, que en su inicio fue indagado y sobreseído por la justicia militar. Esto, tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, decidió atribuir al exsargento Raúl Ávila responsabilidad como autor de apremios ilegítimos por el uso de fuerza desmedida en contra de M.P.C (15). Asimismo, se desechó en su contra el homicidio frustrado del comunero. Se agendó audiencia para el 22 de marzo.