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También existen dudas entre los expertos sobre la aplicación y el alcance que tenga la repatriación de capitales. Si bien el gobierno no entregó detalles sobre este tema en particular, en la reforma de 2014 hubo un plazo de un año para que los contribuyentes declararan bienes o rentas en el exterior, pagando una tasa especial de 8%.

Un informe realizado por los economistas del Centro de Estudios Públicos (CEP), Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, y los tributaristas de Deloitte, Hugo Hurtado y Pablo Quezada, concluyó que la aplicación de la Norma General Antielusión en la mayoría de los países de la OCDE está radicada en sede administrativa y no judicial. Es más, sólo en Chile y Suiza lo mantienen todavía en sede judicial. Esta recomendación va en línea con la última propuesta que realizó Hacienda en el pacto fiscal. Para la implementación del denunciante anónimo y con el objetivo de evitar las denuncias falsas, proponen que se eleve el rango de la pena de cárcel propuesto que va de 61 días a 3 años, así como también permitir que el denunciado tenga derecho a solicitar los datos del denunciante cuando el caso sea declarado inadmisible.

A esta propuesta se suman la compensación en términos de recaudación de reintegrar el sistema tributario bajo la lógica que impacte al mismo segmento beneficiado y un nuevo informe financiero. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín dijo estar dispuesto a conversar las propuestas.

Existe consenso entre los expertos en que la norma ha cumplido su rol en términos disuasivos, pero que su operatividad es compleja. Respecto de los cambios propuestos, sin embargo, el abanico se abre: no todos comparten el foco de las modificaciones propuestas en un tema que también es debate político.