La misión percibe "graves dificultades" para la correcta celebración de las elecciones presidenciales.
Europa Press/Fernando Fuentes
20 mar 2024 00:54 PM
La misión percibe "graves dificultades" para la correcta celebración de las elecciones presidenciales.
El Grupo de Expertos de la ONU sobre el país centroamericano denunció que opositores y defensores de derechos humanos enfrentan severas presiones para abandonar Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados”, así como criminalización continua y detenciones arbitrarias.
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk dijo que en el pasado el pueblo norcoreano ha sufrido periodos de graves dificultades económicas y represión, pero “actualmente parece estar sufriendo ambas”. Advirtió, además, que la población está cada vez más desesperada y, según reportes, muere de hambre en partes del país a medida que empeora la crisis.
Estas después de que las autoridades iraníes anunciaran el domingo que la “Policía de la moral” volverá a las calles del país en el marco de una nueva campaña para controlar la vestimenta de las mujeres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado argentino a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios. El presidente Alberto Fernández culpó de la situación al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Usted es el único responsable, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional”, manifestó.
Canadá, Chile, Costa Rica, Estados unidos y Antigua y Barbuda han redactado una resolución sobre la crisis de los derechos humanos en Nicaragua, que será presentada en la asamblea general. El gobierno de Lula no quiere que en el escrito se inste al gobierno nicaragüense a que “cese la represión”, sino que “se abstenga de reprimir”.
El medio estadounidense accedió a videos, testimonios, autopsias y pruebas balísticas que confirmaron la represión de las Fuerzas Armadas y policiales de Perú durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
“¡El Congreso de la República debe cumplir con aprobar el adelanto de elecciones exigido por el pueblo!", señala un comunicado firmado por los gobernadores regionales. El pleno del Parlamento retomará este martes el debate del anticipo de los comicios, pero la situación se ve compleja porque aún no hay consenso en las bancadas políticas.
Mientras la Fiscalía de Ayacucho inició una investigación por la muerte de nueve manifestantes, los que presuntamente murieron por disparos de soldados, los altos mandos militares de ese país calificaron como “malos peruanos” a las personas que salieron a protestar contra la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Las manifestaciones rebrotaron en ciudades como Zahedán, con comercios cerrados por temor a la violencia mientras los vecinos describen una situación parecida a una guerra.
“La Secretaría General de la OEA condena fuertemente la persecución de la juventud y sus líderes y expresa su profunda preocupación por los casos de los presos políticos menores de edad”, afirmó la entidad en un comunicado. De acuerdo con el informe, varios de los menores detenidos contrajeron sarna, dengue, hepatitis y Covid-19, y a dos jóvenes con enfermedades crónicas no se les dio el tratamiento necesario.
La Justicia Especial de Paz (JEP) determinó que “de las 5.733 víctimas (del exterminio del grupo político Unión Patriótica) 4.616 fueron víctimas de homicidio” y el resto fueron “desaparecidas forzosamente”, según un informe entregado este viernes por la entidad. “La violencia contra los miembros de la UP fue ejecutada, principalmente, por parte de agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada y sistemática”, agregó la JEP.
El gobierno isleño respondió con una “militarización extrema de las calles, más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio”, dice una declaración entregada por el grupo Archipiélago, el movimiento de debate político que organizó la frustrada manifestación del lunes 15 de noviembre. La casa del fundador del grupo, el dramaturgo Yunior García, de 39 años, seguía custodiada por la policía, luego de ser impedido el domingo de hacer una marcha en solitario por una importante avenida de La Habana. Hasta este martes no había mensajes suyos en redes sociales, ni la prensa había podido contactarlo.
“Antes de las manifestaciones pacíficas previstas para hoy, el gobierno cubano ha recurrido a duras penas de prisión, a detenciones esporádicas y a técnicas de intimidación (...) en su intento de silenciar la voz del pueblo cubano”, dijo en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Luego de una matanza en la provincia de Gazni de seis miembros de la etnia hazara y de un familiar de un periodista afgano que trabaja para la emisora alemana Deutsche Welle -quien huyó a territorio germano-, Amnistía Internacional advirtió que es posible que otros crimenes no se reportarán porque los talibanes interrumpieron la telefonía celular en muchas de las zonas que capturaron. Ante esta situación y angustiados por el futuro del país, miles de afganos han llegado presurosos al aeropuerto de Kabul, donde continúan presentándose escenas de caos. Reportes sobre aviones que despegan parcialmente vacíos subrayan cuán difícil continúa siendo para las personas llegar a la terminal aérea de Kabul.