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Luego del proceso de juicios, amenazas de cierre y victorias administrativas que ha vivido esta casa de estudios desde 2021 y, a pesar de que la Superintendencia de Educación Superior abrió en abril otro procedimiento investigativo por antecedentes que "podrían poner en riesgo su funcionamiento", la Ulare apuesta sus fichas a ser acreditada.

La Superintendencia de Educación Superior (SES) rechazó un nuevo plan de recuperación presentado por la institución y ahora deberá resolver si opta por un administrador provisional o uno de cierre.

En un fallo unánime, el máximo tribunal estableció que el dictamen del Consejo Nacional de Educación “quebrantó de manera flagrante el debido proceso”, ya que la Superintendencia de Educación Superior no entregó las observaciones al plan presentado por la universidad para evitar su cierre. De esta manera, dicha resolución queda sin efecto y la casa estudios podrá continuar en funcionamiento.

La casa de estudios acusa a la autoridad de Educación Superior, Jorge Avilés, por el delito de desacato al no cumplir -a juicio de ellos- la orden de no innovar dictada por la Corte Suprema y que detuvo el cierre de la universidad. Pero esta no es la primera acción judicial de la Ulare, también ha recurrido a la Corte de Apelaciones y ha culpado al administrador del cierre por los mismos hechos. El superintendente se defiende: "es evidente la intención de enlodar la labor de nuestro servicio".

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar la orden de no Innovar que había paralizado el proceso de cierre de la casa de estudios que históricamente ha sido asociada a la masonería y el Partido Radical. Se trata de un vuelco en el complejo escenario de la Universidad La República, y sus autoridades lanzaron duros cuestionamientos al gobierno e incluso a los magistrados del tribunal de alzada. Mientras, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, rechazó los dichos del rector Fernando Lagos.

El proceso de cierre se extenderá hasta 2026. Entre los argumentos que expuso el Ministerio de Educación para cancelar la personalidad jurídica y revocar su reconocimiento oficial está el hecho de que sólo el 7,6% de sus estudiantes se titulaba en los plazos formales. Mientras, la casa de estudios lanzó una nueva arremetida judicial: un recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Educación.

En la acción judicial presentada por una agencia de publicidad se adjuntó la letra de cambio del 7 de diciembre de 2019, en la que se especifica el monto adeudado y cuenta con el sello de rectoría de la universidad. Actualmente, el proceso es tramitado en el 16º Juzgado Civil de Santiago y la agencia de publicidad exige el pago de $ 50 millones. Mientras, el rector de la casa de estudios aseguró que siguen esperando una solución del Ministerio de Educación para evitar el cierre.

Desde los dueños de la cadena de gimnasios Pacific Fitness a un proveedor de servicios de fibra óptica. La junta directiva de la casa de estudios sostuvo conversaciones con diversos grupos empresariales a fin de evitar su cierre previo a la resolución adversa del Consejo Nacional de Educación (CNED) que se conociera el pasado jueves. El órgano colegiado aprobó la recomendación del Mineduc de revocar el reconocimiento oficial de universidad.

Fernando Lagos realizó una autocrítica a la gestión administrativa, pero también insistió en que la situación financiera que presenta la casa de estudios es la misma que mantienen todas las instituciones de educación superior. El rector además señaló que "no negamos los $14.000 millones en deuda, pero el monto total no debe ser objeto de sanción por parte de la superintendencia porque por posición legal sólo puede investigar hasta cuatro años hacia atrás".

En su primera entrevista luego de conocerse la resolución del Consejo Nacional de Educación (CNED), insistió en que durante el procedimiento, la institución tuvo la oportunidad de presentar los argumentos en su defensa y rendir las pruebas que estimara procedentes, “respetándose a cabalidad las normas del debido proceso”.

La casa de estudios -que enfrenta un proceso que podría terminar con su cierre definitivo por graves falencias en su operación- presentó una reclamación en la Corte Apelaciones de Santiago. La institución acusó ensañamiento por parte del Ministerio de Educación al llevar adelante un proceso de cierre prontamente. Esta semana, su rector, Fernando Lagos, efectuó una presentación en la Comisión ad hoc del Senado en la que aseguró que la universidad realizó una reforma estatutaria que permitirá el ingreso de un socio inversionista o controlador.

Bajo el contexto de la pandemia, por medio de un proyecto de acuerdo, 23 senadores buscan que el gobierno se abra a dar mayor tiempo a la casa de estudios para que pueda renegociar sus deudas por medio de un crédito con BancoEstado a través de Fogape. La universidad adeuda casi $14.000 millones y actualmente posee más de 3.000 alumnos desde Arica a Temuco, que estudian vía telemática.

La SES rechazó el plan de recuperación presentado por la institución, que buscaba evitar su fin. Ministerio de Educación deberá revisar los antecedentes y nombrar a un administrador de cierre.