Actualmente, la gratuidad permite a más de 500 mil alumnos estudiar una carrera sin costo. La política establece que el Estado es el que se hará cargo del pago del arancel y la matrícula de los estudiantes, por lo que las instituciones que adscriban a la gratuidad deberán ceder su capacidad para fijar dichos montos. Tras la entrada en vigor de la ley, la Subsecretaría de Educación Superior los fijará sobre la base de un modelo de costos, el que debe contar con la venia de una Comisión de Expertos.
El primer modelo no pudo ser aplicado por un reclamo interpuesto ante la Contraloría por parte del Consejo de Rectores (CRUCh), quienes alegaron un bajo nivel de participación durante el proceso que determinaría las transferencias que estas recibirían por parte del Estado. Así, a poco más de nueve meses de haber asumido, la administración actual presentó un nuevo modelo.
Y es que el modelo de cálculo establecido por la Subsecretaría tomó por sorpresa a las autoridades, ya que es distinto a lo discutido en los meses previos. Es más, a partir de las observaciones realizadas por la Comisión es posible deducir que esta no se pronunció sobre el modelo finalmente establecido, lo que contraviene lo dispuesto por la norma. A pesar de ello, esta vez el CRUCh no acudió a la Contraloría. De esta manera, en abril de 2023, la Subsecretaría publicó los valores que se harán efectivos para el presente año académico para carreras que representan un 3% de la matrícula.
Para evaluar el impacto que tendría la metodología de aplicarse en todas las carreras, se solicitó la información de costos recogida por la Subsecretaría. La información fue accedida tras la intervención del Consejo para la Transparencia, y reveló que, una vez que se aplique el modelo propuesto en todas las carreras, el financiamiento al sistema disminuirá en $10 mil millones al año. Por el contrario, las universidades del CRUCh recibirán un mayor financiamiento de $30 mil millones por año.
Lo anterior es posible por el menor financiamiento que recibirán las universidades privadas y los institutos profesionales, quienes tendrán $51.000 millones menos por año, a pesar de tener gran cantidad de alumnos en gratuidad. Por ello, regular una baja proporción de carreras como lo hizo la Subsecretaría tiene sentido. Más aún si consideramos que la norma no establece una fecha límite para implementar la nueva metodología.
Sin embargo, la Subsecretaría, sorprendió nuevamente a las instituciones cuando anunció que el cambio metodológico ocurrirá antes de 2026. Con ello, reflotaron preocupaciones sobre su impacto en el financiamiento, la viabilidad de las instituciones que han adherido a la política de Gratuidad y, más importante aún, el futuro de sus estudiantes. Sin ningún plazo que cumplir, y un primer proceso cuestionable tanto en forma como fondo, es dable preguntarse si vale la pena arriesgar la cobertura alcanzada.
Por Aníbal Guerrero, economista, estudiante Master in Public Policy Yale University
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