Los últimos días ha generado noticia la decisión del Ministerio de Educación de no abrir una nueva convocatoria de Liceos Bicentenario -la última fue en 2020- manteniendo los recursos comprometidos para los que actualmente forman parte del programa. El diseño de esta política, que comenzó en 2011 con 15 liceos, y cuenta a la fecha con 320 a nivel nacional, consiste en un concurso en que establecimientos postulan a tener un sello bicentenario, siendo seleccionados tanto por sus buenos resultados como por la propuesta de un proyecto de mejora. Los elegidos reciben una inyección adicional de recursos públicos por un período de 8 a 10 años, adquiriendo un compromiso de excelencia académica.
Algunos dicen que este programa muestra positivos resultados preliminares, pero en rigor no contamos con una evaluación de impacto que permita identificar sus efectos, considerando establecimientos similares que no sean parte del programa. Se necesita evaluar las distintas cohortes adjudicadas y sus diferencias, por ejemplo, en relación a la posibilidad de seleccionar estudiantes (debido a los cambios de la Ley de Inclusión) o a la disparidad de montos entregados.
Junto a dicha evaluación, es fundamental analizar su alcance si queremos garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. De acuerdo a datos del 2022, en Chile hay 10.598 establecimientos escolares que reciben fondos estatales (5.007 públicos y 5.591 particulares subvencionados y de administración delegada), por lo que 320 Liceos Bicentenario representan alrededor del 3%. ¿Qué educación merecen, entonces, las y los estudiantes del 97% restante?
Si optáramos por esta política como la vía que mejora el sistema educativo y se extendiera al total de establecimientos (incluyendo las escuelas básicas), siendo optimistas, nos tomaría un poco más de 100 años llegar a todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Podemos esperar más de 100 años para esto?
Por otro lado, y considerando que este programa es una política pública focalizada, concentrada en un número reducido de establecimientos y segmento de la población, es importante discutir respecto al criterio de focalización. En la actualidad, un alto porcentaje de la ponderación para ser Liceo Bicentenario corresponde a buenos resultados del establecimiento (Simce, PSU). Es decir, se prioriza aquellos que presentan un mejor rendimiento. Sin duda, es necesario que coexistan distintos proyectos educativos dentro de la educación pública, pero también es necesario que todos ellos mejoren sus resultados y desarrollen una cultura de aprendizaje integral, reconociendo que hay establecimientos que necesitan más apoyo, especialmente en el contexto de aumento de brechas de aprendizaje que ha dejado la pandemia.
Las decisiones sobre las políticas donde dirigimos los recursos conllevan una visión sobre el país que queremos construir, especialmente considerando el rol que tiene la educación en el desarrollo humano, cultural y económico. Por esto, es necesario problematizar esta política pública. ¿Queremos un país que incentive la competencia aumentando las brechas? ¿O queremos un país más equitativo y colaborativo que brinde mayor soporte a quienes más lo necesitan? No queremos que nadie quede atrás: ni las y los estudiantes de los Liceos Bicentenario ni quienes asisten al otro 97% de establecimientos en el país.
Por Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020
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