Sin crecimiento económico no hay progreso. Lamentablemente, hace una década, Chile extravió su capacidad de crecimiento. El comienzo fue la reforma tributaria de Bachelet II, que gravó en forma excesiva a las empresas. Pretendía recaudar 3% del PIB y apenas logró la mitad. Antes, éramos el país de Occidente que más crecía con tasas en torno al 5%-6%, pero tras la reforma, pasamos a crecer por debajo del promedio mundial. El estallido social, la pandemia y el populismo de los retiros agravaron la situación. Hoy, las proyecciones no son auspiciosas: se espera una contracción del 3% de la inversión para el 2023 y en el mejor escenario salvaremos una nota roja en crecimiento. Para los próximos años un crecimiento en torno al 2%, sin considerar los efectos de una reforma tributaria, es muy poco para un país que lucha por superar la trampa de los ingresos medios.
Por esto, preocupa la insistencia del Ejecutivo por subir impuestos en una magnitud similar a la fallida reforma tributaria anterior. Se confunde en el debate el fin de recaudar más, con los medios para ello. Y la evidencia es concluyente: el crecimiento económico es el mejor camino para ello. Por el contrario, gravámenes mal diseñados, como el impuesto al patrimonio o a las utilidades retenidas, afectarán nuestra capacidad de ahorro. Si queremos recaudar más, debemos saber en qué se usarán esos recursos, pero, hasta ahora, solo tenemos certeza de una medida relevante: el aumento de la PGU. El Estado es ineficiente redistribuyendo, por lo que resulta un sinsentido exigirle un esfuerzo tributario tan grande a las personas para entregarle un cheque en blanco al Fisco.
Afortunadamente, aún es tiempo de enmendar el rumbo. Para hacerlo es imprescindible que el gobierno impulse una verdadera agenda procrecimiento, que permita crear empleos y aumentar los salarios. El primer paso es evitar alzas de impuestos que terminen deteriorando aún más el ahorro y la inversión. En su lugar, debemos mejorar las capacidades del Estado para gastar bien. Una forma responsable de hacerlo es avanzar en la agenda de modernización del Estado, priorizando proyectos de ley ya en tramitación y cuyo foco es precisamente un mejor gasto público. Proyectos como el de compras públicas, el de responsabilidad fiscal y el de gobiernos corporativos de las empresas del Estado van esa dirección. Además, se debiera reingresar el proyecto de ley que reforma el empleo público, plenamente consistente con la iniciativa popular de norma constitucional “un Estado sin pitutos”.
Junto al mejor gasto fiscal, es fundamental crear incentivos tributarios apropiados para nuevos proyectos de inversión y el desarrollo de las regiones, además de mecanismos que estimulen el crecimiento de las Mipymes para convertirse en empresas de mayor tamaño. Finalmente, debemos fortalecer el mercado laboral, reduciendo con nuevos instrumentos la informalidad que hoy llega al 27,4%.
Todo esto debe ser debatido en el Congreso, con insumos de los gremios, la sociedad civil y las regiones. Disentir del gobierno -como lo han expresado los propios gremios- es legítimo, tan legítimo como seguir sosteniendo un diálogo que conduzca a buenos resultados para la ciudadanía. Frente a una economía global deteriorada, tenemos que trabajar en forma distinta para recuperar esa extraviada vocación de progreso que caracterizó siempre a Chile y que hoy debe ser nuestra prioridad.
Por Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno, Universidad San Sebastián
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