Columna de Andrés Lavín: Coordinación y eficiencia en el sistema de permisos, un criterio razonable para la inversión

Recientemente el gobierno ha dado a conocer su Plan de Acción para el Impulso y Desarrollo de la Inversión en la Industria del Hidrógeno Verde (“Plan de Acción”), buscando convertir a Chile en un actor relevante y de liderazgo a nivel internacional.  El plan contempla decenas de medidas (81 en concreto) a adoptar en dos etapas: la primera a implementarse entre los años 2023 al 2026 y la segunda durante los años 2026-2030.

La primera medida busca dar señales potentes a los inversionistas en torno al establecimiento – entre otras medidas - de un marco normativo y regulatorio robusto, claro, eficiente que de certeza y estabilidad a la inversión.  El desafío en este aspecto, es tremendo y se convierte a mi juicio en el aspecto crítico, si no, mas relevante a abordar, si es que queremos un desarrollo ágil y adecuado no solo de la industria del Hidrógeno Verde (H2V), si no de la industria en general, con mención especial a los sectores inmobiliario, energético y construcción.

La demora excesiva en la tramitación y otorgamiento de permisos sectoriales y/o ambientales, en la práctica inmoviliza el capital y provoca que el Estado recaude menos, entre otras consecuencias negativas. Conforme lo indica la CChC, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) mantiene en calificación US$ 62.300 millones, es decir inmovilizados, y la tramitación de este tipo de proyectos puede significar largos años de tramitación bajo la actual regulación y criterios.

Sin duda que el Plan de Acción y el proyecto de ley que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales (Boletín N°16566-03) intenta abordar y corregir este escenario negativo, lo que representa un gran avance y apunta en la dirección correcta. Pero el desafío crítico a mi juicio pasa por la voluntad de lograr un aplicación eficiente y ágil por parte de las instituciones de los principios de coordinación y eficiencia que rigen a los órganos de la administración del Estado, ambos consagrados en la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley 19.880 que establece Bases de Los Procedimientos Administrativos. El gobierno sostiene que las demoras e ineficiencias se deben a la dispersión y precariedad de la normativa, criterio que no me parece sea compartido por el desarrollador e inversionista inmobiliario o el inversionista de proyectos de energías renovables, por ejemplo.

Dentro del ámbito del sistema de permisos, sin duda que la compatibilidad territorial será uno de los mayores desafíos a superar. El Informe Favorable de Construcción (art. 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción), permiso de vital importancia para las industrias que requieran o necesitan emplazarse fuera los límites urbanos dispuestos por los instrumentos de planificación territorial, es uno complejo, en el que intervienen varios órganos del Estado (Minvu; Sag y Direcciones de Obras Municipales),  que además, es de carácter mixto, es decir, tiene requisitos ambientales y técnicos que cumplir, debiendo cada uno de ellos, en el ámbito de sus respectivas competencias, pronunciarse favorablemente para que sea otorgado, por lo que la sola calificación favorable de un proyecto en el marco del SEIA no es suficiente para otorgar la ansiada certeza jurídica que se necesita.

Una adecuada y debida coordinación y eficiencia en el actuar de las autoridades,  con criterios uniformes y sustentables, pero en pos del desarrollo y la inversión,  resultan entonces de vital importancia para el inversionista, que no puede ni debiera esperar tiempos en exceso extensos para materializar su proyecto, ya que como se señala en el mensaje del proyecto de ley que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales esto “….implica un retraso en la materialización de ingresos y potencialmente, una disminución de los retornos proyectados”  máxima que se aplica no solo para la industria del Hidrógeno Verde, sus derivados y las demás industrias o componentes asociados al rubro, si no que a todo proyecto de inversión.

El cambio de criterio (mayor coordinación y eficiencia) en este sentido sería de gran ayuda para la economía del país permitiendo el regreso de tasas de crecimiento, productividad y empleo que teníamos en la década del 1990-2010.

Por Andrés Lavín, director del Área de Recursos Naturales en Baraona Marshall