El 3 de julio se cumplió un año desde que se presentó al país el Plan de Emergencia Habitacional, cuyo foco prioritario es responder a las necesidades de vivienda de los hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica, 40% en el Registro Social de Hogares. El Ministerio de Vivienda proyecta que al final de 2025 habrá entregado 260.000 viviendas. Esta iniciativa dará acceso a un bien tan básico a cerca de un millón de personas, lo que hoy cobra más importancia dado que el último frente de mal tiempo destruyó alrededor de 1.500 viviendas según los últimos reportes.
A pesar de que es una meta ambiciosa aún está lejos de dar respuesta al déficit habitacional que crece cada día (estimado actualmente en unas 640.000 viviendas y que puede llegar a un millón 300 mil viviendas en 2030). Estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que no pueden constituir su hogar en una casa digna.
Vivimos en una olla de presión donde crecen los campamentos y tomas ilegales de terreno, los cités clandestinos y los guetos verticales y las familias que duermen en las calles; una olla a presión en que los jóvenes se convierten en eternos allegados de sus familias, los departamentos son cada vez más pequeños, proliferan las viviendas a las afueras de la ciudad bajo el título de “parcelas de agrado”, y la publicidad inmobiliaria cambió el “viva aquí” por el “invierta aquí”. Todos son síntomas de una política urbana que muestra una falla sistémica: la ciudad no da para más.
Es bastante probable que usted que está leyendo esto conozca a más de alguna persona o grupo familiar que no puede acceder a una vivienda o que se encuentra en situación de fragilidad habitacional, es decir, que cualquier eventualidad -como un despido o algún gasto imprevisto- puede quitarles la posibilidad de solventar el arriendo o el dividendo. En una década, el precio de las viviendas ha aumentado cerca de un 60%, y el de arriendo de casas y departamentos ha subido entre un 60% y un 30% respectivamente. Ello, sumado al alza en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, ha convertido a las nuevas generaciones de adultos jóvenes –incluidos aquellos que han alcanzado altos niveles de educación y que participan en el mercado laboral- en un grupo para el cual el sueño de la vivienda propia representa una utopía.
El alza del precio en los suelos, que repercute en el precio de las viviendas y en la capacidad de nuestro Estado de responder, no sólo trastoca la geografía urbana, sino que marca la vida y la existencia de millones de personas, daña la convivencia, la cohesión social y hasta la legitimidad de las instituciones.
En 2009 (o sea, hace apenas 14 años), el 55% de los chilenos creía que el sueño de la casa propia era posible, según la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. Hoy, según la última edición del mismo estudio, sólo el 14% de las personas cree que cualquier persona que trabaja podrá comprar algún día su propia vivienda.
Mientras en múltiples seminarios, discutimos si es la especulación inmobiliaria, la regulación que limita el suelo construible, la imposibilidad de densificar por los planos reguladores, la excesiva burocracia en los permisos, la falta de integración social, el centralismo de Santiago, la falta de servicios en regiones, la falta de atribuciones, o el aumento de los migrantes; miles de personas a lo largo de todo el territorio, piden ser vistas y levantan el grito “por favor, no me tramiten más”.
Desde 3xi, estamos convencidos de que este problema tiene solución. Por eso, queremos tocar la puerta del compromiso de los distintos actores sociales, políticos, económicos y académicos, para salir de las certezas, aprender de los aciertos y errores del pasado, superar las desconfianzas y buscar innovaciones. Y, por sobre todo, llamamos a encontrarnos en la colaboración.
Por Camilo Herrera, director ejecutivo Corporación 3xi
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