Columna de Carlos Díaz V.: Presupuestos 2024: los desafíos para la Educación Superior Técnico-Profesional

Quisiera presentar algunos elementos y observaciones al Proyecto de Ley de Presupuestos 2024, con especial atención al fortalecimiento y desarrollo de trayectorias formativas desde la Educación Técnico-Profesional.

Si bien el proyecto de ley contempla un crecimiento mayor al del presupuesto nacional (4,3%), este no se percibe como una herramienta estructurada que dé cuenta de una visión estratégica del sector. Así, el proyecto de ley se presenta de continuidad y el crecimiento más bien se debe a la implementación de leyes permanentes, como es el caso de la gratuidad en Educación Superior y el ingreso de nuevas instituciones. En esta misma línea, este aumento no da cuenta de las mayores exigencias que el sector en su conjunto presenta. Implementar programas de inclusión, atención integral y protección de derechos para personas con trastorno del espectro autista; programas que fortalezcan políticas que regulen el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género; la implementación de nuevos estándares de calidad asociados a innovación, transferencia tecnológica e investigación aplicada, son ejemplos de mayores exigencias y que no está acompañado de mayores recursos para su operatividad.

Los desafíos que presentan la transformación digital y tecnológica, la transición verde y sustentable, y el desarrollo económico y de bienestar de nuestras sociedades en sus diversos territorios, exigen y obligan a las instituciones de educación superior a estar constantemente mejorando, y en el caso particular de las instituciones técnico profesional superior, desarrollar una oferta pertinente y actualizada en estas materias. Este nuevo contexto exige fortalecer y promover el acceso del subsistema técnico-profesional a recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y dar sostenibilidad presupuestaria a iniciativas como el Programa IP CFT 2030 de Corfo, que permiten desarrollar capacidades en áreas estratégicas para la educación superior.

Otro aspecto importante que tener en consideración en la discusión presupuestaria es la nula referencia a programas de acompañamiento y acceso a la educación superior técnico profesional. Uno de los programas públicos de gran relevancia para el sistema educativo ha sido el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), que ha posibilitado desde su implementación que estudiantes tengan oportunidades de acceso y acompañamiento educativo en carreras técnicas y profesionales. Así resulta de alta relevancia reconsiderar la implementación del PACE con Institutos Profesionales y/o Centros de Formación Técnica o la creación de un instrumento ad hoc a estas trayectorias educativas. El Proyecto de Ley presentado al Congreso no restringe en lo normativo la implementación del PACE a las universidades, por lo que se puede considerar la ampliación de su cobertura a estudiantes que ven en un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, un espacio para desarrollar su trayectoria educativa.

La educación Técnico-Profesional representó el 56,7% de la matrícula de 1er año de Pregrado 2023 en las instituciones de educación superior. Es decir, de los 345.499 alumnos nuevos que ingresaron al sistema este año, más de la mitad se matriculó en un IP o CFT. Pese a lo anterior, resulta indispensable repensar instrumentos que fomenten y promuevan trayectorias de formación de carreras técnicas tanto de nivel superior como medio. Ejemplo de esto es el monto asignado a la Beca de Articulación en el Proyecto de Ley 2024 que varía negativamente en un 11% respecto del 2023 y el monto establecido para la beca Nuevo Milenio, congelado por años y cuya brecha con los aranceles de referencia promedio se ha incrementado significativamente. Por otra parte, llama la atención en el contexto de recuperación educativa del sistema escolar, las rebajas observadas en el presupuesto de equipamiento para establecimientos de enseñanza media técnico-profesional de más de 500 millones de pesos (disminuye 6% de su presupuesto), y en el programa de prácticas profesionales de estudiantes de liceos, cuyo presupuesto se reduce en 942 millones de pesos, lo cual representa una disminución de un 27%.

Esperamos que la discusión en desarrollo permita asumir estos requerimientos y establecer de manera clara prioridades y acciones que fortalezcan a este importante sector de educación superior, fundamental para el desarrollo del país y dar señales claras para cerca del 55% de estudiantes que se matricularon en educación superior y que hoy se encuentran estudiando en algún IP o CFT. Anhelamos que la visión y labor que está llevando a cabo la Subsecretaría de Educación Superior y el recientemente instalado Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, liderado por cuatro ministerios, se materialice en una estrategia coherente y consistente que otorgue sostenibilidad económica y social a este sector clave en la formación de los técnicos y profesionales que Chile requiere. Nos ponemos a disposición de esta tarea.

Por Carlos Díaz V., Presidente Vertebral - Consejo de Rectores y Rectora de CFT e IP acreditados