Las propuestas de la Comisión Experta respecto del sistema político buscan perfeccionar el sistema presidencialista, aceitando la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materias como el uso de las facultades fiscalizadoras de la Cámara, las urgencias o la incorporación de una institucionalidad de análisis del impacto económico de los proyectos de ley, en un claro llamado a una mayor responsabilidad fiscal y política.
Resulta laudatorio el robustecimiento del rol de los partidos políticos, la pérdida del escaño para las y los parlamentarios que siendo electos con una determinada militancia renuncien a esta, así como la barrera de entrada al Congreso con un mínimo de 5% de las votaciones en las elecciones nacionales. Estos elementos permitirán prevenir el caudillismo y el fraccionamiento del sistema de partidos que minan la posibilidad real de alcanzar consensos y dotar al sistema político de gobernabilidad.
La propuesta también tiene normas para la organización política de las regiones, el gobierno central y locales. Respecto de estos últimos, regula la posibilidad de endeudamiento, sincerando la situación de varios municipios cuyos déficits esconden, en algunos casos, la necesidad de financiar proyectos para sus comunas.
En suma, se identificaron y mejoraron en parte los nudos críticos de funcionamiento del actual sistema político. Por supuesto, encomiable, pero no suficiente.
Una de las materias que la propuesta no aborda correctamente es la de la representación. Una democracia representativa debe tener la capacidad de incluir el crisol de miradas e identidades de un país, pues desprovista de mecanismos que la garanticen, quienes han estado en las antípodas del poder no acceden a este. Esto se traduce en la invisibilización de sus necesidades y anhelos, pues es altamente plausible que no sean prioridades seleccionadas por el sistema para abordarlas y solucionarlas. Esto es lo que sucede con la minoría simbólica que son las mujeres, la mitad de la población preterida si no fuera por la paridad, una garantía de justicia del sistema político ausente en la propuesta de la Comisión Experta. En su reemplazo, se consagra un mandato al legislador para favorecer el acceso igualitario de mujeres y hombres, fórmula que entrega al sistema que naturalmente las excluye la discrecionalidad del eventual ejercicio de resolver si las incluye o no.
Este es un retroceso inexplicable después de las experiencias recientes de paridad en el actual y anterior proceso constitucional. Las mujeres tenemos distintas miradas políticas, religiosas o morales, por lo que la paridad no es una vía de acceso solo de mujeres feministas al sistema político, aun cuando sea una bandera histórica y vigente de estas. A la postre, la paridad necesariamente permitirá avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria, lo que nos beneficia a todos... y a todas.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado
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