Ante las recientes críticas hacia los Servicios Locales de Educación debido a deficiencias notorias en algunos de ellos, no nos hace mal recordar cómo fue que llegamos a la convicción de que desmunicipalizar era un mejor camino. Esto con el propósito de comprender que una reforma como ésta, que sin duda requiere y seguirá requiriendo ajustes, no es necesaria para una parte del sistema que llamamos público, sino para todo el sistema escolar chileno.
En términos técnicos y financieros, al momento de llevar a cabo la reforma, el 70% de las comunas de Chile poseía menos de 8.000 estudiantes sumando al sector municipal y al particular subvencionado. El 50% de las comunas de Chile poseía menos de 2.000 alumnos en el sector municipal. Es decir, para una mayoría de municipios, enfrentar la realidad y las expectativas de crecimiento de la educación a su cargo era francamente difícil. Más aún, en un contexto de financiamiento por asistencia por estudiante, y con decrecimiento demográfico, la sostenibilidad, y para que decir la ampliación de la oferta educativa, eran imposibles.
En términos políticos, los sistemas educativos exitosos en el mundo son aquellos que han logrado sostener una oferta de educación pública, que a su vez sea de calidad. Si bien cada sistema educativo responde a necesidades, intereses, y propósitos que cada sociedad se da a sí misma, la verdad es que el mundo nos provee de ejemplo tras ejemplo indicando que sistemas educativos sin una fuerte presencia de establecimientos escolares administrados públicamente, no mejoran. Y esta mejora sistémica no se produce como consecuencia de la competencia, sino levantando un modelo de proyecto educativo desde la educación pública para todo el sistema.
En términos de gestión y administración, en Chile la educación municipal no se ha expandido acompañando el crecimiento urbano, pues en parte nadie es responsable de su crecimiento. Además, la autoridad municipal en ciclos de cuatro años de gobierno carece de los incentivos para apostar por la educación cuyos resultados son en su mayoría de largo plazo. Es cierto que hay un pequeño grupo de municipalidades en Chile con liderazgos importantes, y suficientes recursos económicos y humanos, que no necesitarían de un nuevo sistema para proveer a quienes habitan su territorio de una mejor experiencia educativa. Sin embargo, la reforma busca mejorar la experiencia educativa no de una parte, sino de todos. Para lograrlo, la gran mayoría de los 346 municipios de Chile no estaba ni está preparado.
En términos de opinión pública, una encuesta del CIDE de la Universidad Alberto Hurtado, mostraba que hace diez años atrás, solo un 10% de los apoderados, un 2% de los directivos, y un 1% de los docentes consideraba que los municipios debían hacerse cargo de la administración de la educación pública. Según investigaciones cualitativas sobre esta reforma, es relevante para directores que su superior en el SLEP tenga conocimientos educativos, a diferencia de autoridades previas.
Los Servicios Locales de Educación obedecen a una necesidad. Es de esperar que la construcción de una mejor educación pública se haga con altura de miras y no con ataques desde trincheras donde los dañados serán siempre los mismos: las y los niños con menores recursos.
Por Cristóbal Madero, Facultad de Educación, Observatorio de la Nueva Educación Pública, Universidad Alberto Hurtado
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