La emblemática universidad ubicada en Valdivia está en problemas, según se ha dado a conocer a la opinión pública a través de distintos medios. Esto, lamentablemente, no es nuevo: el rector anterior salió a fines de 2021 luego de acusaciones graves de nepotismo y faltas a la probidad. En el mismo año, sus estados financieros registraban pérdidas por $8.631 millones de pesos, el valor más alto entre todas las instituciones de educación superior ese año. Nueve meses después, sería acreditada por 6 años, calificación de excelencia, por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), reflejando que esta universidad se encuentra entre las mejores y más sólidas instituciones de educación del país.
¿Cómo pudo ocurrir que una institución con problemas significativos, públicamente conocidos, sea luego considerada de excelencia?
Un actor clave aquí es la Superintendencia de Educación Superior, que presentó a la CNA un informe financiero sobre la Universidad que debió dar cuenta (o no) de su solidez. Para información del lector, solicité dicho informe al órgano fiscalizador vía Ley de Transparencia, y me fue negado a pesar de ser evidentemente materia de interés público (la Universidad Austral recibió ese mismo año 17 mil millones de pesos del Fisco, sin contar gratuidad o becas). La Superintendencia no tiene incentivos para entregar datos incompletos, ni la CNA para exponerse a acreditar una institución para la cual existían antecedentes públicos que mostraban sus problemas financieros. ¿Qué información contendrá ese informe?
La Comisión de Educación del Senado citó al Superintendente para resolver esto. ¿Resultado? La sesión fue declarada secreta, y los antecedentes fueron ocultados a los estudiantes, académicos y funcionarios, así como al público general, y lo que es peor, esta falta de transparencia ocurrió en la sede del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que se busca esconder de la luz pública?
Otro actor clave es la Subsecretaría de Educación Superior. Ante las preguntas de las senadoras respecto de este tema, el subsecretario argumentó, sorprendentemente, que el problema financiero de la Universidad Austral se debía al proceso de acreditación, pues éste la inducía a tomar decisiones que la llevaban favorecer la publicación de papers y la adjudicación de proyectos y a suplir la falta de docentes de planta disponibles con la contratación de profesores hora, lo que implicaba un aumento de los costos. También argumentó que los planes de inversión de infraestructura de las instituciones estaban apuntados a satisfacer al acreditador, sin tener en consideración su viabilidad financiera. Esto no parece estar respaldado por la experiencia. Hay varias instituciones con esos años de acreditación, y más, y no presentan resultados anuales de -$ 17.729 millones, como consignan los estados financieros auditados de la Universidad Austral, esta vez para 2022. Tampoco se puede responsabilizar al acreditador porque la Universidad haya tomado un crédito por 50.000 millones de pesos (en UF) y hoy no sea posible cumplir con sus obligaciones, según se indicó en el Senado.
Es un error endosar a la Comisión Nacional de Acreditación, o a sus criterios y estándares, los problemas de sustentabilidad financiera que presenta la Universidad. Esta mezcla de conceptos debilita la institucionalidad que la autoridad busca modernizar. Es de esperar que la Comisión haga valer su autonomía y la calidad de su trabajo ante estas declaraciones de la Subsecretaría.
La Universidad, como muchas universidades privadas, es una valiosa iniciativa de la sociedad civil que ha contribuido a educar a generaciones y a desarrollar el lugar donde se ubica y el país en su conjunto. Por lo tanto, su comunidad debe hacer el trabajo de recuperar el equilibrio de la institución y la autoridad debe contribuir a aquello, reforzando, y no debilitando la institucionalidad.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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