El caso “Convenios” ha despertado una serie de dudas sobre la participación de todas aquellas formas de organización de la sociedad civil en el mundo público, los llamados cuerpos intermedios. El rol del Estado y su responsabilidad han sido parte de la discusión sobre las presuntas irregularidades de traspasos de fondos públicos a fundaciones ligadas al oficialismo. Nada tienen que ver los casos de corrupción con la existencia de más o menos organizaciones de este tipo, y menos con las funciones públicas que estas ejercen en nuestra sociedad.
De igual manera, la idea de que el Estado tenga el deber de encargarse de todo es errada. Así lo ha demostrado la historia. Más errado aún sería proponer suplir las falencias del Estado con más Estado.
Es la sociedad civil organizada (fundaciones, empresas, ONG, y otros) la que se encuentra más cerca de las personas, por ende, la que conoce mejor sus dolores y cómo contribuir a la solución de sus problemas. Por ejemplo, en el caso de la empresa -comprendida en un sentido amplio, es decir como cualquier organización intermedia con función social concreta- no solo tiene un compromiso con la promoción y satisfacción de bienes y servicios, así como de derechos sociales básicos como la educación, salud, vivienda o pensiones, sino que también un rol en el alcance del bien común del país y el desarrollo integral de las personas. De lo contrario, ¿para qué existen? ¿debido a un interés puramente económico? No. Los cuerpos intermedios son una hebra relevante del tejido social y pocas organizaciones tienen una dimensión social tan variada y transversal como la empresa.
Reconocer, promover y valorar el rol público de la empresa privada, como de los otros tipos de organizaciones de la sociedad civil, es fundamental. Es allí donde se juega la libre iniciativa económica y social, así como su rol solidario, ya que estas están llamadas a contribuir al bien común de la sociedad.
Lo anterior no implica ausencia del Estado y libertad de acción total para las organizaciones civiles, entre ellas la empresa; sino el despliegue de la sociedad civil en su conjunto, incluida la empresa, mientras el Estado asume un rol coordinador, estimulador, regulador y cuando sea necesario, suplente.
El caso de Democracia Viva y todas sus aristas no pueden enlodar ni poner en tela de juicio el importante rol que cumplen estos cuerpos intermedios. La emergencia climática que vivimos en la zona centro sur del país hace un par de semanas, o los incendios del verano, son solo un par de ejemplos del rol público clave que tienen estas organizaciones, y la iniciativa privada, en la construcción de nuestro tejido social. Además, nos muestra lo distinto que es Chile cuando se vive la solidaridad a través del llamado de la sociedad civil organizada como son las empresas y fundaciones.
Por lo mismo, fiscalizar a aquellas que no cumplen con dicho rol y que caen en malas prácticas se hace fundamental con el fin de proteger a aquellas que sí son agentes activos relevantes en la obtención del bien común. Asimismo, debemos avanzar en mejor control y transparencia para fortalecer el rol público de la sociedad civil.
Por Enrique Cruz, presidente USEC.
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