Columna de Gabriel Osorio y Cristóbal Osorio: Un avance parcial para una urgente reforma

Ante la necesidad urgente de atraer inversiones, la política no tardó demasiado en plantear una importante reforma al Estado. Gobierno y oposición, entonces, centraron todos sus esfuerzos en resolver el puzzle de la “permisología”, lo que en jerga empresarial se conoció como la solución a una serie de descoordinaciones, incoherencias, duplicaciones, arbitrariedades y estancos estatales, ligados al otorgamiento de permisos y sus plazos.

Con más o menos críticas, se ha avanzado, y hay que reconocer que era necesaria una regulación, dada la importancia del crecimiento económico y la sostenibilidad como parte indispensable para el desarrollo del país.

Pero, lo que no puede pasar es que nos convenzamos de que, cuando arreglamos los problemas de relacionamiento del Estado con las empresas estamos arreglando los problemas generales en la relación con los ciudadanos, pues abundan ejemplos de deficiencias en el trato de las distintas entidades estatales hacia las personas de a pie e incluso entre sus propios funcionarios, que también requieren de cambios urgentes. Asimismo, no podemos hacer de la regulación una solución parche siempre postergando la solución de fondo, que es la modernización del Estado.

Nos referimos a otros campos gigantescos, por ejemplo, como lo es la administración comunal y regional, las que tienen serias deficiencias. No es casual que los mayores escándalos de hoy estén vinculados a municipios, debiendo repensarse los mecanismos de control.

Otro desafío dice relación con que hoy prácticamente cada sector regulado tiene su propio procedimiento y mecanismo de reclamación para resolver sobre la legalidad de la actuación administrativa. Por ello, es necesario revisar con igual diligencia todos los procedimientos administrativos, para estandarizar plazos y su revisión judicial, unificando así el contencioso administrativo, haciendo suyo el legislador los criterios que ha ido fijando la Corte Suprema.

En otras palabras, se necesita un esfuerzo similar al realizado para resolver la “permisología”, pero que apunte al conjunto del Estado, y que vaya mucho más allá de su Consejo de Modernización, buscando aunar principios y criterios, estandarizar prácticas y desamarrar estancos a todo nivel, para hacer carne la coordinación entre diferentes instituciones y verdad el principio de eficiencia y eficacia administrativa. Si algo deja claro este proyecto de ley, es que la coordinación y estandarización es una deuda estatal, en todos los sectores.

Si nos quedamos solo en la “permisología”, corremos el riesgo de trazar la línea entre dos clases de ciudadanos; aquellos que tienen empresas y para quienes las reformas vuelan, y aquellos que van a pie y en micro.

Por Gabriel Osorio, profesor de Derecho UAI, y Cristóbal Osorio, profesor de Derecho U. de Chile