Pocos días antes de que llegara al poder el expresidente Sebastián Piñera en 2010, Chile enfrentaba uno de los peores terremotos y maremotos de la historia. El 27 de febrero, el país se despertaba con un sismo grado 8.8 y un tsunami que provocaron un total de 342 muertos y más de 800.000 damnificados. Si bien los “temblores” son algo casi cotidiano en Chile, los terremotos de esta magnitud afortunadamente no lo son. Sin embargo, la normativa antisísmica adoptada en el país en materia de construcciones ha permitido reducir los daños materiales y por supuesto el costo en vidas humanas, que es el más importante.
La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿que puede hacer un país, que ya ha logrado “domesticar” a la naturaleza en materia de terremotos, con respecto a los incendios? ¿Cómo podemos manejar de mejor manera el drama de los incendios que suceden recurrentemente en los veranos, debido, entre otras cosas, a las altas temperaturas? Debiera, igual de importante que la adopción de la normativa antisísmica, poder responder de manera más eficiente a estos sucesos o catástrofes. A pesar de ser uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, pocas veces escuchamos que se derrumbe un edificio; sin embargo, llevamos varios años lamentando la muerte de personas a manos del fuego estival.
Si bien el terremoto de 1985 fue el detonante para el cambio en la normativa antisísmica, la regulación en materia de construcciones ha seguido siendo revisada y actualizada periódicamente. Así, al contrario de otros países del mundo, se adoptaron estructuras de hormigón y acero que se caracterizan por ser más flexibles y permitir la oscilación de las viviendas ante un movimiento de tierra. Este movimiento de oscilación evita que las construcciones se quiebren y caigan.
En materia de incendios, es necesario mejorar los mecanismos de atención y primera respuesta frente a los siniestros forestales. También es necesario contar con planes de acción que permitan evitar los ataques incendiarios -algo que en los hechos no existe-, aun cuando la intencionalidad ha ido en aumento año a año.
El problema se hace aún más crítico cuando existen sectores que no deben alojar construcciones, pero que se encuentran densamente poblados, como ha sucedido en Viña y Valparaíso. Lamentablemente, en lugares o zonas proclives para la propagación del fuego se han desarrollado proyectos inmobiliarios. Pareciera ser entonces que la revisión de los planos reguladores, junto con la fiscalización de la concordancia entre lo que exigen y la realidad, sería un buen punto de partida.
Cuento corto: llevamos meses discutiendo acerca de dotar de mayor poder de fiscalización al SII para recaudar más, sin embargo, dejamos de lado la más importante de las fiscalizaciones, aquella que permitiría que no se perdieran vidas humanas.
Por Gabriela Clivio, economista y académica
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