La última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) muestra cifras preocupantes: los salarios están estancados y quienes se desempeñan en la informalidad ganan mucho menos que aquellos que están formalizados. En efecto, los salarios promedio en Chile no han crecido en los últimos cinco años, más bien han mostrado tasas de crecimiento real anual negativas de 0,3% en el periodo 2018-2022, lo que se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de las personas sobre todo durante el último año con los altos niveles de inflación.
Los datos muestran también importantes diferencias entre quienes trabajan en el sector formal y el informal, pues quienes trabajan en la informalidad recibieron en 2022, salarios 58% más bajos. Si bien el ingreso promedio se ubicó en $ 757.752, el salario de los ocupados formales equivale a 2,4 veces el de los informales. Es decir, mientras en los primeros el salario promedio es de $ 891.490 en informales es de $ 370.407. Estas diferencias son similares en el caso de los hombres y algo más marcadas en el caso de las mujeres.
En efecto, las mujeres informales son quienes recibieron ingresos más bajos, los que son 61% menores a las de quienes se desempeñan en trabajos formales (proporción similar a cuando se le compara con el salario promedio del total de ocupados) y 32% inferiores cuando se les compara con hombres que también trabajan en la informalidad.
Ahora bien, de acuerdo a los resultados de esta misma encuesta, 4 de cada 10 trabajadores no cotiza para pensiones, lo que es un grave problema pues de mantenerse en la informalidad, este grupo de personas de bajos salarios sólo recibirá al pensionarse la PGU. Si no se contribuye al ahorro previsional, no se pueden construir mejores pensiones.
Las razones para que las personas opten por la informalidad son variadas, entre ellas, sus bajos niveles de educación, una mayor flexibilidad horaria, temor a perder beneficios sociales y hasta evadir impuestos. Se requiere, por tanto, que el Estado desarrolle e implemente políticas públicas que aborden estos determinantes y otras que incentiven la inversión y el crecimiento económico. De nada sirven instrumentos como el IFE laboral, si no se crean puestos de trabajo formales, pues el beneficio requiere que se firme una relación laboral con contrato. Asimismo, se requiere entregar capacitación y especialización, ya que son los trabajadores menos calificados quienes tienen salarios más bajos y se desempeñan en sectores como comercio, agricultura y en servicios del hogar.
El gobierno debe considerar también los efectos que tienen en el mercado laboral los proyectos de ley y reformas que está impulsando y cambiar su rumbo. Leyes ya aprobadas, como la del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, se traducen en un aumento de costos laborales y aumentan la rigidez del mercado del trabajo, sobre todo en un contexto donde la productividad no ha crecido en casi 20 años. La reforma de pensiones que propuso el gobierno también es un incentivo a permanecer en la informalidad o a moverse hacia ella.
Chile debe retomar la senda del crecimiento económico sustentado en mayores niveles de productividad. Sólo así se crearán empleos formales y podremos apuntar a mejores salarios.
Por Ingrid Jones, economista, Libertad y Desarrollo
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