Hay acuerdo en que el derecho a la salud debe estar consagrado en la Constitución. El acceso a una atención de calidad oportuna, eficaz, con seguridad financiera e igualitaria es una palanca de equidad y desarrollo. La inquietud ciudadana por el no cumplimiento de esta ética mínima crece y se traduce también en sufrimiento, muertes prevenibles y una expectativa de vida demasiado diferente entre quienes tienen un alto nivel educacional y quienes no. Así es, la buena salud tiene determinantes sociales que no se pueden abordar solo desde la perspectiva sanitaria. Sin una mejoría sustantiva en el nivel educacional de la población, es muy difícil mejorar su estado de salud. Sin embargo, sí hay políticas relevantes que pueden ayudar a construir un país más sano desde la salud pública.
La indiferencia hacia el actual proceso constitucional, después del categórico rechazo del año pasado al primer proyecto, es alarmante. Se debe coincidir en que necesitamos una nueva Carta Magna, y que ella debe dar un marco para enfrentar las necesidades de la población más vulnerable.
En el nuevo proyecto es crucial el párrafo que señala, en el inciso 21 del artículo 16, que “la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”.
¿De qué trata este plan garantizado? Es la expansión de la reforma que en 2005 creó un plan garantizado para toda la población, con los criterios éticos señalados. Este plan tiene contemplado un valor único, una tarifa plana para todas las personas, con cobertura de atenciones en hospital como ambulatorias, y que además de la cartera AUGE, con 87 enfermedades hoy, cubre servicios de prevención en salud y las enfermedades llamadas catastróficas (porque arruinan a las familias). Las personas también tendrán libre movilidad para elegir dónde y cómo recibir los servicios, para lo que se crea un fondo de compensación entre seguros, como el que hoy existe para el AUGE. Asimismo, expertos validarán el costo de este único plan de salud, el que puede ser ofrecido por aseguradores públicos o privados, posibilitando así la transición de las Isapres a una nueva forma de seguridad social. Y los seguros complementarios de salud financiarán aspectos que no estén inscritos como parte esencial del plan universal.
La definición del plan conlleva también la definición de guías clínicas estandarizadas para el mejor tratamiento de las condiciones de salud, que serán actualizadas de acuerdo con el avance de la ciencia, con un consejo idóneo que permita prevenir por una parte la intromisión de intereses comerciales que no se traduzcan en beneficios de salud demostrados y, por otra, el activismo judicial.
Es evidente que esta propuesta requiere una reforma radical de Fonasa; pero ello es un tema de ley que no requiere rango constitucional. El Congreso tiene los instrumentos y los proyectos para avanzar hacia un plan universal de salud, sin necesidad de esperar el plebiscito de diciembre. ¡Háganlo, por favor!
Por Jaime Mañalich, médico
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