La crisis de salud es grave. Con dos subsistemas de financiación, que deben formar parte de la seguridad social, no ha habido hasta ahora avances significativos en una reforma que se haga cargo de los principales problemas en la atención y prevención de la enfermedad, sea por el elevado costo que solo algunos pueden financiar o listas de espera que crecen, generando angustia, sufrimiento y muerte.
Frente a una incertidumbre que se prolonga por más de una década, el año pasado la I. Corte Suprema decidió poner término a la hiperjudicialización por falta de definiciones políticas, y falló en tres oportunidades limitando el arbitrio de las Isapres para definir los componentes que definen la prima que los afiliados cancelan: el precio base, que se reajusta cada mes de marzo, la tabla de factores de cargas y edad que amplifica el precio base, y la prima de la cobertura AUGE, que se reajusta cada tres años.
Entendiendo que la aplicación de estos fallos significa el término del financiamiento de las aseguradoras privadas para la red de salud, y con ello, dificultades también para los beneficiarios de Fonasa que usan esta red mediante la modalidad de libre elección, el Ejecutivo presentó una “ley corta” para asegurar el cuidado de la población y cumplir adecuadamente el fallo judicial. Para ello, los senadores de la comisión de Salud propiciaron una comisión asesora transversal, que luego de un trabajo arduo y sin polémica, ha entregado una propuesta de solución que debería ser bien valorada.
En lo sustantivo, el informe reconoce primero el grave riesgo que la población enfrenta a menos que, mientras se acuerda a la mayor celeridad una reforma integral, se mantenga el financiamiento de la red público-privada a la vez de cumplir lo ordenado por la Corte. Por ello, calcula que el monto a devolver por las aseguradoras producto del fallo de la Tabla de Factores es de US$ 451 millones, lo que se haría vía cuenta de excedentes en beneficio de los afiliados en un plazo de 10 años. Para este cálculo se enfatiza el rol solidario del seguro privado, definiendo que nadie debe cotizar menos del 7% definido por ley. Esta cifra además coincide con lo dispuesto en el fallo, cual es que durante este período las Isapres no retirarán utilidades.
Propone, además, un mecanismo de cálculo más exacto para la prima GES, y un ajuste de acuerdo con los cambios reales en costos, del precio base.
Evidentemente, esta iniciativa no es un perdonazo para las Isapres. Sus pérdidas acumuladas de $334.000 millones los años 2021-22 superan con creces las utilidades entre el 2012 y el 2020. Y la devolución propuesta las deja sin utilidades por una década. Aquí el centro es la protección de la población, sea beneficiaria de uno u otro seguro. La comisión asesora hizo un gran trabajo. La presencia en ella de actores de diversos sectores da garantía de una buena propuesta y una línea de base de acuerdo político, que deberá ser materializado ahora por las respectivas indicaciones del gobierno a la ley, y una discusión legislativa acelerada.
En un mundo convulsionado, el trabajo de la Comisión de Salud del Senado da una luz de esperanza sobre el poder del diálogo.
Por Jaime Mañalich, médico
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