El Ejecutivo ha presentado una ambiciosa propuesta de reforma al sistema de financiamiento de salud, tomando la oportunidad ofrecida por los sucesivos dictámenes de la Corte Suprema sobre controversias de usuarios con Isapres. Esta iniciativa, en la forma de enmiendas a la “Ley Corta” que se discute en el Senado, es coherente con el programa de Apruebo Dignidad, que señalaba como objetivo concreto: “Generaremos un sistema universal de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las Isapres a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud”. Esta voluntad nunca ha sido puesta en duda; pero a diferencia de otras grandes reformas, esta no requiere consenso ni discusión parlamentaria para ponerla en práctica.
El 9 de mayo pasado, el gobierno presentó al Senado una propuesta para adecuar los sucesivos dictámenes de la Corte referentes a los tres componentes de la prima que los afiliados cancelan: el precio base, la tabla de factores y la prima GES, que cubre el financiamiento de las condiciones incluidas en el Auge. Los senadores convocaron una comisión asesora transversal; pero sus sugerencias fueron desoídas.
Las indicaciones presentadas como un nuevo proyecto de ley le entregan a Fonasa la potestad de definir seguros complementarios de salud, en su valor, la red de prestadores y el precio de sus servicios, la cobertura y el control; pudiendo inscribirlos directamente en la CMF. Estas pólizas no podrán ser canceladas unilateralmente por los aseguradores. Asimismo, quienes opten por esta modalidad complementaria, no podrán usar la modalidad de libre elección a la que tienen acceso los grupos B, C y D del seguro público.
A la Superintendencia de Salud se le entregan facultades inéditas para implementar los fallos de la Corte, facultades que no se limitarán a esta situación en particular. Se acoge parcialmente, por una vez, la idea de una reforma constitucional, que permite que una Isapre proponga un ajuste del precio base para compensar la destrucción de valor asociada a los ajustes de esta reforma; pero siempre sujeto a la autorización de la Superintendencia.
Respecto a las Isapres, se indica que el monto a devolver en diez años asciende a US$ 1.000 millones, en la forma de excedentes. No queda claro si se mantendrá la posibilidad que, al cabo de un año, los afiliados pidan la totalidad del saldo en efectivo, como hasta hoy mandata la ley. Si una aseguradora cae en insolvencia, se dará garantía para la continuidad de su tratamiento, siempre que corresponda a un GES ya activado, a una cobertura adicional para enfermedades catastróficas o un dictamen judicial. Sin embargo, será Fonasa quien defina el prestador de continuidad, y la cobertura catastrófica se mantiene solo por seis meses.
El informe financiero que acompaña el nuevo proyecto subestima gravemente los costos de esta nueva forma de seguridad de salud; pero esa crisis será tema del próximo gobierno.
Es lamentable que en todos estos años los colegisladores no hayan avanzado en una reforma sensata de seguridad social en salud. Tendremos una de facto; pero como se aprende en Medicina, los efectos adversos de una prescripción pueden ser muy dañinos, máxime cuando no habrá real discusión política.
Por Jaime Mañalich, médico
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