La discusión en torno a la reforma previsional se ha centrado en la mejora de las pensiones y la forma en que éstas se van a financiar. Pero en este debate, también se ha incorporado la cuestión sobre la cobertura y monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), para apoyar a las y los pensionados de menores ingresos, de manera de crear un piso mínimo para quienes cumplan 65 años. Esto pues, a pesar de su nombre, la asignación de este beneficio no es para todas las personas que habitan el país, sino para algunos que cumplen con los requisitos, y que además comprueban poseerlos ante los organismos competentes.
Tal como constatamos en un estudio realizado con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, la cobertura de este tipo de pensión ha sido parcial. En efecto, no todos quienes pueden ser beneficiados por la PGU se les ha concedido, básicamente, por brechas de gestión institucional que hay que abordar en forma urgente. Por un lado, existen personas que no saben que pueden optar al beneficio; otras, que creen que no tienen derecho al mismo, y finalmente, quienes por sus condiciones (movilidad reducida, problemas con la tecnología, entre otros) no han podido acceder. Datos del programa “PGU en tu barrio” del Instituto de Previsión Social (IPS), implementado por tal repartición para llegar a los hogares de las personas potencialmente beneficiarias, señala que cerca de un 11% de los contactados no sabían de la existencia de la PGU y, por tal razón, no habían recibido el beneficio.
Pero junto con el problema de “llegar” al beneficiario, existen problemas en el manejo de información y en la interoperabilidad entre servicios públicos. Esto impide que, una vez que se solicita el beneficio, éste se entregue rápidamente, o se den las razones concretas por las cuales no son beneficiarios de la PGU.
Es por eso que –en el estudio realizado- propusimos una serie de medidas que, entre otras cosas, sugiere que las entidades estatales pasen de tener beneficios a los que se postula, a una asignación automática, sin mayores trámites ni burocracia. Adoptar esta estrategia implicaría que quienes cumplen con los criterios establecidos reciban el beneficio, eliminando cualquier costo de orden administrativo que pueda significar una barrera para su acceso, y evitando el llamado “non take up” o no recepción de un beneficio. En este proceso, es necesario proporcionar un acceso más directo y transparente a la PGU, de forma de fortalecer la relación entre los ciudadanos y el sistema de seguridad social. En esto, el IPS tiene una larga experiencia de entrega de beneficios que el Estado debe capitalizar de forma de seguir facilitando el acceso a este y otros beneficios.
El esfuerzo de aumento de la cobertura de la PGU es necesario abordarlo desde un enfoque de gobierno abierto, buscando formas de articulación con la ciudadanía para adecuar la oferta pública a las necesidades y características de los distintos grupos. En este esfuerzo es fundamental la transparencia en el diseño y la implementación de la PGU, así como definir un estándar de cobertura aceptable para dar como exitosa una política pública como esta, es clave para construir la confianza de la ciudadanía en el sistema.
Por Jorge Farah, en conjunto con María Alejandra Inostroza C, de Escuela de Trabajo Social UC, Waleska Muñoz, Departamento de Administración Pública y Ciencia Política U de C, y Cristián Pliscoff, Escuela de Gobierno UC
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