Columna de José Antonio Ramírez A.: ¿Tropezar constitucionalmente dos veces con la misma piedra?

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA


Tras culminar el período de propuestas (“enmiendas”) de los consejeros al texto de la “Comisión Experta”, vemos en el Partido Republicano la tentación de agitar banderas para enarbolar principios que se apartan de los consensos alcanzados, y que proclaman la instauración de disposiciones que plasmarían un sustento ideológico de visiones sesgadas del convivir, dentro de un ordenamiento jurídico fundamental.

Al postularse la introducción de la libertad de elección en derechos sociales, que conllevaría la interpretación de la constitucionalización de las Isapres y las Administradoras de Fondos de Pensiones; la sujeción de los tratados internacionales al ordenamiento constitucional interno (dejando los derechos humanos universales en un ámbito infraconstitucional); el restablecimiento de quórums supramayoritarios de 2/3 para cambios a la Carta Fundamental; el impedimento de las normas de paridad y la intención de constitucionalizar el derecho a la vida del que está por nacer (no dejándolo solo como derecho a la vida y entregando a la ley la regulación del aborto), se estaría tendiendo a ideologizar la Carta Magna y a rigidizar las políticas públicas de los gobiernos democráticamente electos. Se enervan así los necesarios consensos.

La crítica que dio lugar al rechazo ciudadano del texto propuesto de 2022 por un 62%, se fundó precisamente en que no representaba lo que Lucas Verdú expresaría magistralmente como “el sentimiento constitucional” de la población chilena.

Uno de los factores claves para comprender el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre a esa propuesta, fue la introducción de contenidos que, más allá de las buenas intenciones, no logró en su redacción el consenso requerido y, por el contrario, llevaron a la división o la polarización. Eso ocurrió por ejemplo con el cuestionado tratamiento al Poder Judicial, la autodeterminación de los pueblos indígenas, la propiedad en el derecho a la vivienda, la protección de los recursos naturales o la descentralización.

Conviene recordar el ejemplo histórico del plebiscito de 1989, que logró con un 91,25% de aprobación reformar el texto de 1980, dando pie a la transición democrática, tras el período autocrático iniciado en 1973 y que dejara sin vigencia la Carta de 1925. Asimismo, la necesidad de una nueva Carta Política que asumiera un nuevo pacto social logró aunar un meritorio consenso en el plebiscito de 2020 con un 78.28 % de la ciudadanía, dando lugar a la Convención Constitucional.

Las enmiendas que ahora se debatan y se puedan aceptar deben ser capaces de aunar voluntades y permitir las múltiples expresiones de las direcciones de políticas públicas, dentro del marco de los regímenes políticos democráticos.

Repetir los errores del proceso fallido de 2022 nos recuerdan al escritor Néstor Roulet al advertir que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

La Constitución más que una casa común, reúne múltiples casas dentro de una comunidad en la cual habitamos y convivimos, bajo el amparo de un tejido de disposiciones de principios y normas ampliamente consensuadas, brindando la seguridad jurídica que nos proporciona el Estado de Derecho.

Por José Antonio Ramírez A, doctor en Derecho y director del Programa Constitucional Fundación Chile 21

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