Columna de Josefina Correa: Urge un nuevo marco que regule el lobby y la gestión de intereses

En las últimas semanas surgió de nuevo en agenda la regulación del lobby. Gracias a una investigación de Ciper se reveló cómo diversos ministros y políticos asistían a comidas y conversaciones con altos ejecutivos de empresas en la casa del ex diputado Pablo Zalaquett, imputado por el caso Penta y actual lobista. En paralelo, frente al avance de la reforma al sistema de pensiones en el Congreso, la Asociación de AFP ha desplegado la campaña comunicacional #YoQuieroElegir para advertir sobre los supuestos riesgos de estatización del sistema de pensiones en Chile.

Ambos episodios han dejado en evidencia las deficiencias del marco de regulación del lobby y la gestión de intereses. Y con ello la enorme asimetría a la que se enfrentan los personas en el debate público. Hay que tener en cuenta que la ley vigente nació coja. Luego de años de debate legislativo y de lobby a favor del lobby, en el 2014 se logró aprobar la Ley 20.730 gracias a un acuerdo que, tal como señaló el ministro Luis Cordero omite regular la actividades de lobby. En efecto, lo que hace la ley actual, en lugar de normar la industria de la gestión de intereses, es generar obligaciones de transparencia de agenda de las autoridades en ejercicio a través de un registro de audiencias públicas.

Aunque esta regulación fue un avance necesario, palidece frente a los estándares más avanzados en la materia y recomendaciones que se han hecho durante años en el país. En estos se establecen una serie de obligaciones a los lobistas y para quienes los contratan tales como: la existencia de un registro previo obligatorio para quienes hacen gestión de intereses; obligaciones de transparencia respecto de las gestiones que realizan y por encargo de quién; descripción de los intereses promovidos en esas gestiones; transparencia respecto de quienes financian y contratan las actividades de lobby a través de registros de clientes y financistas; monto y origen de sus ganancias y transparencia en los gasto que realizan en campañas comunicacionales, redes sociales y otras acciones para influir en el debate público (cenas con autoridades, por ejemplo), entre otras.

Además la normativa actual tiene una gran deficiencia en lo referido a sanciones y capacidad de identificar infracciones en caso de que ocurra un incumplimiento. A todos estos atrasos se suman las nuevas tendencias de influencia en el debate desarrolladas a través de mecanismos tecnológicos y redes sociales que también deben ser incorporados en los marcos regulatorios, dado el rol que están jugando en las estrategias de promoción de intereses particulares por parte de diversos actores.

Con reglas más claras y actualizadas, las situaciones mencionadas hubieran evolucionado de manera distinta. Por un lado, no existirían dudas sobre si las cenas y actividades eran acciones de gestión de intereses, ya que habría sanciones efectivas y aplicables que disuadirían a las autoridades de correr cualquier riesgo en ese sentido. Por otra, el mismo Zalaquett o la Asociación de AFP tendrían también la obligación de transparentar quién los contrata o asesora, cuántos recursos están invirtiendo en sus actividades y campañas comunicacionales y cuáles son los intereses que están promoviendo en el debate y respecto de qué políticas públicas.

Vale destacar que hace pocos meses el presidente Boric lanzó la Estrategia Nacional de Integridad, la cual propone más de 200 medidas para mejorar los estándares de prevención, investigación y sanción de la corrupción en Chile. Entre dichas medidas, se destaca la reforma de la ley según los estándares de la OCDE, cuya prioridad queda en evidencia a la luz de los hechos que actualmente están ocurriendo en el país y que afectan la transparencia en el debate y deliberación democrática.

Por Josefina Correa Pérez, Coordinadora de Incidencia, Fundación Ciudadanía Inteligente