La violencia ejercida contra las mujeres no es un fenómeno desvinculado de su contexto social. De los roles que históricamente se les ha asignado a las mujeres en la sociedad devienen muchas de las expresiones de discriminación que vivimos hoy en día.
Cuando hablamos de la disputa por los derechos de las mujeres, en ocasiones es difícil ver la diversidad de realidades en ello. La vida en el campo tiende a concebirse como un momento histórico, donde la ruralidad representa una antigüedad que debe superarse por la vida en la urbe. Pero es una realidad y no un momento en la historia de nuestro país.
Teniendo en cuenta esto, es importante destacar que la vida de las mujeres en el campo sigue vigente, y seguirá desarrollándose en el futuro, por lo que no debemos verla con distancia, sino que acercarnos cada vez más a esta realidad y entender sus dinámicas y las particularidades de cómo las expresiones del machismo operan en este espacio.
El género y sus roles asociados en el desarrollo de la vida en el campo propician -entre otras manifestaciones- la naturalización de las violencias en todas sus formas. Realidad a la que debemos atender con prioridad desde una perspectiva feminista rural.
Hasta ahora, desde la ejecución de algunos programas en materia de violencia de género, se observa una tendencia a la estandarización de las realidades de la diversidad de mujeres.
Esto plantea una dificultad para el trabajo sobre las situaciones de violencia en la ruralidad, dado que representa una limitante a la hora de diseñar políticas pertinentes y transversales.
El año 2021 la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Compromiso País, la Fundación FUCOA y FeedBack Research, presentaron la Encuesta piloto de Violencia Intrafamiliar (ENVIF) rural. Ésta dio cuenta que un 27,6% de las mujeres de zonas rurales sufren violencia de género, y que la cantidad de denuncias por VIF son mayores en la zona rural que en la zona urbana (un 29,6% y un 22,5% respectivamente).
No es difícil imaginar entonces, la necesidad de generar políticas públicas bajo consideraciones culturales y territoriales, así como también considerar los patrones culturales, al momento de analizar cualitativa y cuantitativamente los -pocos- datos existentes en materia de denuncias de violencias basadas en género y ruralidad.
Para las mujeres del campo es urgente que podamos -en primera instancia- facilitar espacios protegidos de denuncia y contención, y que avancemos en erradicar la violencia de género para que el espacio privado represente seguridad y no una amenaza para sus vidas.
Desde Melipilla, seguiremos trabajando para promover espacios de apertura a la realidad de las mujeres rurales, visibilizando las manifestaciones diversas de machismo y violencia que se viven en este contexto. Pero vemos este desafío como una tarea del Estado en su conjunto, donde ponemos toda nuestra voluntad para ello.
Por Lorena Olavarría Baeza, alcaldesa de Melipilla
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