Nuestra democracia es como un tablero de ajedrez en el que cada pieza representa una institución gubernamental. Durante años, el juego fue desafiante, con momentos en los que algunos jugadores se vieron beneficiados y otros perjudicados. Pero luego de sucesivos ciclos de alternancia política y tres procesos constitucionales, algunas de las piezas del tablero se han vuelto obsoletas y el juego se torna lento, antagónico y propenso a saltarse las reglas. Para mejorar la calidad del juego y hacerle un jaque mate a los pitutos, necesitamos una estrategia clave: modernizar el Estado.
Parte fundamental de esta estrategia es lograr una clara separación entre el gobierno y la administración pública. Esto equivale a partir el juego con un tablero ordenado en el que cada pieza ocupe su lugar correcto, evitando movimientos irregulares de modo que la partida se desarrolle sin problemas. Por supuesto, las reglas del juego son las que definen a vencedores y perdedores, por lo que no se pueden estar cambiando a cada rato: por ello, este tercer debate constitucional es la última oportunidad que tenemos para volver cada pieza a su lugar.
Un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito y el desempeño es otra jugada crucial de nuestro ajedrez democrático. Limitar la cantidad de “reinas” que el Presidente puede mover a voluntad es equiparar el juego, asegurándonos que cada jugador cuente con las mismas piezas. Y para el caso de que se vulneren las reglas necesitamos un “árbitro” imparcial. En este caso, una institución autónoma del Estado, rol que adquiere el nuevo Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas que se incluye en la propuesta constitucional. Este árbitro asegurará que la partida se juegue de manera justa y transparente, siguiendo los estándares de la evidencia y la racionalidad, supervisando cada movimiento y asegurándose que las reglas se cumplan.
Estas reformas no son simples movimientos: son la clave para ganar en el juego. Más allá de las diferencias políticas, estas estrategias cuentan con un amplio apoyo técnico y con una historia que debemos rescatar para seguir avanzando.
Durante el mandato presidencial de Ricardo Lagos, luego del escándalo que significó el caso MOP-Gate, se dio un paso importante en la profesionalización del sector público a través de la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, que creó mayores filtros para que los cargos directivos fueran ocupados por meritocracia y no por operadores políticos. No obstante, como la ley facultaba para nombrar directivos de manera transitoria, podían tardar hasta un año en hacer llamados a concurso público, permitiendo que sus jugadores corrieran con ventaja, e incluso declarando la partida desierta si no estaban de acuerdo con los resultados. Esto limitó su efectividad, desalentando la participación en concursos de ADP y llevando a una parcial implementación de este sistema.
La última reforma constitucional de envergadura que se llevó a cabo en materias de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política fue en 2010, con avances significativos en declaraciones de intereses, administración de bienes de quienes ejercen altos cargos públicos y primarias. No obstante, respecto a los funcionarios de confianza y el régimen del empleo público, nada. Aun así, en el marco de la Agenda de Probidad de 2016, se avanzó en la eliminación de los nombramientos provisionales y transitorios; y se introdujeron cambios en la forma en que se nombran a los directivos de la administración pública. Su impacto y efectividad en la práctica pueden variar según diversos factores y han sido objeto de análisis y debate continuo en el país, principalmente, porque depende en parte de la voluntad política para su cumplimiento. Más tarde, con el expresidente Sebastián Piñera, se avanzó en diversas áreas de modernización del Estado. No obstante, el único proyecto referido al régimen de empleo público, no se presentó hasta marzo de 2021, días antes que acabara su segundo mandato, siendo retirado por la nueva administración antes que se diera cuenta en sala.
Es decir, la voluntad política hace difícil avanzar en cambios sustantivos que modifiquen el tablero, algo que el proyecto constitucional sí logra hacer, y que concitó un apoyo transversal que debiera ser una señal para gobierno y legisladores en torno a avanzar en este tema sin esperar el resultado del plebiscito.
En medio de la agitación política, centrémonos en mover las piezas correctas. No desperdiciemos esta oportunidad de realizar los movimientos que mejorarán la calidad de vida de todos los jugadores.
Por Macarena Cox, Pivotes
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