Columna de María de los Ángeles Fernández: Constituciones bajo presión

Quienes aspiren a dar vuelta la página del proceso constituyente en el plebiscito del 17-D encontrarán en el debate público argumentos persuasivos. Sin embargo, hay uno particularmente sui generis en tanto disuasivo frente a un “rechazo” que luce con ventaja en las encuestas: el que postula que seremos el “hazmerreír” de los procesos constitucionales de no lograr su cierre. Con una guerra cronificada en Ucrania y la reactivación del conflicto en Medio Oriente con pronóstico sombrío, asumir que el mundo esté pendiente de Chile resulta pintoresco. Por otro lado, pudiera suceder que la posibilidad de que las constituciones estén en el ojo del huracán se amplíe, bajando al terreno del debate contingente lo que, ciertamente, no ayuda en la búsqueda de certidumbre.

A nivel académico, el más reciente libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, titulado “La tiranía de la minoría: cómo la democracia estadounidense llegó al punto de quiebre”, plantea reformas frente a los problemas de la otrora modélica Constitución de ese país, ya que encierra “un conjunto de prácticas antidemocráticas y antimayoritarias que sofocan la voluntad de la mayoría”. Faltaría el movimiento social que encarne el cambio.

En el plano de la praxis, producto de la intencionalidad constructiva de modificación de aspectos específicos, está el caso de Italia. Su Primera Ministra, Giorgia Meloni, acaba de calificar a la constitucional como “la madre de todas las reformas”, ya que posibilitaría que el Primer Ministro sea electo directamente por la ciudadanía.

Pero la alteración constitucional puede ser más elusiva, artera y hasta corrosiva, cosa que se ve hoy en España. Pedro Sánchez, encargado por el rey Felipe VI de formar gobierno luego del frustrado intento del centroderechista Alberto Núñez Feijóo, luce disponible para una nueva era de concesiones exigidas por partidos independentistas (apenas 3% del electorado), a cambio de apoyo a su investidura.

La más controversial es una amnistía, entendida usualmente como una medida de gracia colectiva de corte excepcional, pero ahora a la carta para los procesados por el referéndum unilateral de independencia del 1-0 de 2017, vinculada a la realización de un referéndum de autodeterminación de Cataluña. El mismo PSOE, que decía hace dos meses que era inconstitucional, se invierte ahora en su aprobación, atentando contra la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y, por último y no menor, la unidad de España.

Con la mitad de los españoles en contra, las protestas arrecian. De avanzar por ese camino, se librará la contienda en un Tribunal Constitucional que, dado el predominio en su seno de afines al gobierno, está lejos de cumplir su rol de garante de una Constitución que se busca cambiar, pero sin reformar.

Por María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política