La necesidad de modernizar el Estado está hoy de vuelta en la discusión pública, con un nuevo brío otorgado por, al menos, tres elementos relevantes: 1) La propuesta del gobierno de un pacto fiscal que involucre logros en mayor eficiencia y eficacia de las políticas públicas; 2) La discusión sobre el empleo público y las distintas alternativas para su reforma junto con respetar los derechos de las y los trabajadores; y 3) El cambio constitucional que definirá la forma y las funciones del Estado, así como los derechos y deberes de las y los ciudadanos.
Ciertamente, Chile necesita un Estado más fuerte, más eficaz que responda a una ciudadanía diversa y exigente, y que aborde los desafíos de este siglo XXI que avanza a pasos agigantados en la incorporación de nuevas tecnologías y ciencia de datos, terreno en el cual el país no puede quedar atrás. ¿Cómo avanzar entonces en instituciones públicas confiables y efectivas, que resuelvan los problemas públicos? Una clave esencial es que quienes trabajan en el Estado sean personas con capacidades para los cargos a ejercer, con méritos comprobados para su desempeño y evaluación, que sean probos, motivados por la función pública y por avanzar hacia el bien común, y que consideren la participación ciudadana y la búsqueda de una sociedad más justa.
Aunque el Estado chileno está lejos de ello, se ha avanzado sustantivamente en esa dirección. El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) cumple 20 años de existencia y, pese a las dificultades de combinar mérito y confianza política, ha logrado legitimidad y confianza en la provisión de cargos públicos. No obstante, los desafíos de su propio éxito obligan a repensar el sistema en su conjunto. La ADP ha crecido en casi 700% desde su creación en 2004, incorporando cargos de nuevas instituciones, de diversos organismos y empresas públicas, sin olvidar que la ADP en educación y salud ha mostrado que los directivos públicos elegidos por este sistema obtienen mejores resultados de gestión con impactos positivos en la ciudadanía (Lira, 2013; Otero & Muñoz, 2022; Prem & Muñoz,2021). En momentos en que nos aprontamos a una discusión en el Congreso sobre cómo incorporar nuevos cargos de gobiernos Regionales a la ADP, a la que seguirá el cómo generar sistemas de selección, retención, ascenso y evaluación de funcionarios en el nivel municipal, este crecimiento no puede ser inorgánico y requiere nuevas reglas y un rediseño para su extensión.
Aquí, más allá de los cambios que surjan desde el pacto fiscal o de la reforma del empleo, es necesario contar con reglas constitucionales que posibiliten la existencia de un Servicio Civil profesional, que no dependa de los cambios de gobierno (actualmente se renueva cerca de la mitad de los altos directivos públicos cuando hay cambio de administración).
Recientemente, las y los constituyentes electos han iniciado su labor. Tendrán en sus manos un texto ya emanado por la Comisión de Expertos que establece en su articulado una distinción esencial entre administración (donde radica la labor de ejecución, implementación y gestión de políticas públicas) y gobierno (que refiere a la orientación y diseño de las políticas públicas, por las cuales fueron electas las autoridades políticas), señalando sus funciones, los integrantes de cada estamento y el régimen aplicable. Entrega a la ley crear un nuevo Estatuto Administrativo referido a acceso, selección, nombramiento en base a mérito y la cautela de los derechos de trabajadores públicos. Esta definición constituye un pivote esencial para la ADP y los directivos en los distintos niveles de gobierno, como integrantes de la administración. Las funciones de gobierno, respetando la voluntad popular expresada en democracia, resguardarán el diseño, negociación, deliberación y desarrollo de las políticas públicas y reformas constituidas como sellos del gobierno de turno.
Un Estado eficiente, cuyo eje sea estar al servicio de los ciudadanos generando valor público y no al de los intereses de unos pocos, requiere una modernización del Estado que impacte en una mejor gestión pública. El texto de los expertos deja sentadas las bases para el cambio esencial de la reforma y modernización del Estado que avance hacia un sólido Servicio Civil Profesional. Quienes hoy día están iniciando su rol de constituyentes tienen en sus manos el que esta posibilidad no se frustre.
Por María Pía Martin, académica de Ingeniería Industrial, U. de Chile
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