La Subsecretaría de Educación Superior anunció planes para finalizar la fijación de aranceles regulados en carreras con gratuidad. Algunas, como Periodismo y Trabajo Social, ya tienen aranceles establecidos, representando un 4% de la matrícula gratuita. El gobierno prevé regular los aranceles del 35% de las matrículas en 2024 y del 61% restante en 2025, para su completa implementación en 2026. Este plan ha generado un intenso debate entre el gobierno y las universidades, mostrando las tensiones inherentes a la regulación de la educación superior.
En efecto, la preocupación de las instituciones de educación superior es razonable considerando que la mayor proporción de sus ingresos anuales proviene del financiamiento público asociado a la gratuidad. No obstante, desde la perspectiva del sistema de educación superior, el desafío de la política pública de financiamiento estudiantil es más amplio y busca equilibrar tres elementos fundamentales: costo, acceso y calidad. Instalada la gratuidad, la fijación de aranceles es el mecanismo indicado para una estimación de costos que compatibilice el aseguramiento de los recursos necesarios para el desarrollo de las labores académicas; la ampliación del acceso a la educación superior; y la sostenibilidad económica del financiamiento desde la perspectiva fiscal.
Este escenario presenta una disyuntiva entre la autonomía institucional y la necesidad de regulación estatal para una gestión eficiente de recursos. Las instituciones, buscando excelencia, a menudo ignoran las limitaciones económicas al fijar gastos académicos. Dada su autonomía en la administración, las regulaciones y políticas de financiamiento son herramientas estatales para controlar indirectamente su funcionamiento. La fijación de aranceles regulados tiene dos ventajas: permite controlar costos y promover eficiencia en el uso de fondos públicos, y hace a las instituciones más responsables ante estudiantes y gobierno en cuanto a la calidad educativa en relación con los costos. Nada de esto, claro está, podría obtenerse si el gobierno subestima los costos reales de las universidades y desconoce el gasto que deben destinar para poder cumplir con estándares cada vez más exigentes.
En definitiva, el gobierno tiene la oportunidad de avanzar en la implementación del financiamiento por gratuidad mediante una adecuada fijación de aranceles. Su éxito depende principalmente de dos aspectos relevantes. Por un lado, dada la relevancia de la gratuidad como principal fuente de financiamiento de las instituciones, los aranceles regulados deben garantizar los recursos necesarios para asegurar la calidad de todas las labores académicas, en base a los criterios y estándares de calidad establecidos por el propio sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Si el objetivo de la gratuidad es solo financiar la docencia de primer grado, se debiese abrir una discusión en torno a otros mecanismos que permitan entregar recursos públicos para el financiamiento de las labores ligadas a la investigación y la vinculación con el medio. Por otro lado, el Estado debe tener la capacidad de incluir en su cálculo de aranceles regulados un monto que permita a las instituciones invertir en mejoramiento e innovación.
De lo contrario, la variable de ajuste será inevitablemente el deterioro de la calidad de nuestro sistema de educación superior.
Por Mario Alarcón, director del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior UDP
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