La dura realidad es que Chile es inequitativo. Las mujeres de comunas acomodadas llegan a tener 18 años más de expectativa de vida que aquellas con menos recursos. Las cifras de mortalidad y de padecimientos crónicos se explican por diferencias sociales vergonzosamente injustas ya que son evitables. De hecho, en la pandemia hubo tres veces más mortalidad en sectores pobres.
En ese contexto, las listas de espera son otro reflejo de que el nivel socioeconómico determina la posibilidad de acceder a servicios oportunos. Por dicha razón, entre el 2002 y el 2005 se tramitó una ley que materializó, al menos para un grupo de padecimientos, el derecho a la salud de manera universal. Al implementar el AUGE (GES), surgió la inquietud con relación a dimensionar las barreras de acceso en los demás problemas de salud, visibilizando cifras escandalosas. Varios gobiernos de distinto signo han intentado programas de reducción de listas de espera con resultados insuficientes. Porfiadamente, más de un millón de personas, esperan en promedio por más de un año, por una consulta de especialidad y cientos por una cirugía. Al finalizar la pandemia, estás cifras se doblaron.
Actualmente, aunque persiste un alto número de personas en espera, hay que reconocer y valorar que gracias a medidas correctas, hay una clara tendencia a disminuir los tiempos medios, los que todavía siguen lejos de lo razonable. Siempre habrá listas de espera y cada sociedad define el tiempo aceptable para acceder a una atención, pero no es necesario ser experto para comprender que nuestra espera por atención es un vergonzante atropello a la dignidad de las personas, especialmente a quienes tienen menos recursos.
Resolver este complejo problema supone políticas de Estado en varios ámbitos: posibilitar a todos condiciones sociales para una vida saludable. A la mayoría de la población le cuesta “elegir estar sano”; una atención primaria (APS) universal con recursos humanos y tecnológicos (nos falta mucho para que la APS reciba más del 30% del gasto público) suficientes para prevenir la enfermedad, tratarla y evitar sus complicaciones; aumentar el gasto público en salud y mejorar la eficiencia en su uso. Mientras el grueso de los chilenos debe esperar por una atención, hay otros que sobre consumen prestaciones y disponen de los especialistas, muchas veces de manera innecesaria. Es el mercado, el tamaño de la billetera y no la necesidad ni la eficiencia, lo que determina la oportunidad del acceso. Por años se han aumentado los recursos a los hospitales, sin incrementar egresos, consultas ni cirugías. En el lado privado, se siguen utilizando mecanismos de pago ineficientes y ningún incentivo a la prevención. Lo anterior obliga, a que junto a seguir incrementando el gasto público se deban hacer profundas transformaciones en el modelo de gestión tanto público como privado. Todos lo saben, pero aún no hay la voluntad para emprenderlas.
Se equivocan quienes creen que la solución está solo en mejor gestión o solo en más financiamiento. Es una combinación de derechos sociales universales, más y mejor gasto y por sobre todo reconocer que las soluciones de fondo están bloqueadas por los múltiples intereses políticos, gremiales y comerciales en pugna. Es la falta de disposición a dialogar y a llegar a acuerdos para cambios en salud la que sigue teniendo a las personas en espera.
Por Osvaldo Artaza, decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de las Américas
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