La ministra de Salud, Ximena Aguilera, llegó ayer al Congreso para explicar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la ley corta de isapres, la cual busca resolver y dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema contra estas entidades.
Un comité de expertos logró lo que, por décadas, no se había conseguido en salud: un acuerdo transversal y político para dar respuesta a un tema complejo, el cual mostraba una solución armónica no solo para dar cumplimiento al fallo, sino que también resguardando lo más importante: que el sistema no colapsara.
Sin embargo, esta propuesta fue “descuartizada” por las indicaciones del gobierno, considerando iniciativas que no tendrán verdadera sostenibilidad si no se realiza como un todo. La propuesta del comité planteaba la resolución de los fallos, resguardando la seguridad de entrega de salud de las personas, pero más importante aún, abría un nuevo camino: avanzar hacia un proceso de transición de reforma en salud que es justo y necesario.
¿Por qué el Ejecutivo no recogió la propuesta del comité? Porque se empleó la misma estrategia que tantas veces se ha utilizado en salud y que no nos ha permitido avanzar, sino, más bien, seguir estancados y estar, como estamos hoy, ante un escenario futuro complejo, con un horizonte que no se vislumbra para nada esperanzador. Primó, una vez más, la ideología por sobre los acuerdos en beneficio de todos y todas.
Lamentablemente, las indicaciones pueden dar respuesta a los fallos de la Corte Suprema, pero se quedan cortos de vista: no dan sustentabilidad al sistema. El gobierno plantea que la deuda es de US$ 1.000 millones, mucho más que lo contemplado por el comité técnico de expertos. Al mismo tiempo, las indicaciones del Ejecutivo dan libertad a las isapres para aumentar el precio base. Sin duda, estas tendrán que hacerlo para dar cumplimiento al fallo. En consecuencia, habrá un éxodo de pacientes hacia Fonasa, principalmente los más enfermos y la clase media.
Con estas indicaciones, solo quienes tienen mayor ingreso económico tendrán la opción de permanecer en las isapres. Además, no se podrá lograr una mutualización, puesto que no habrá un grupo grande y heterogéneo para poder llevarla a cabo. ¿Ha contemplado el Ministerio este escenario? Y si lo hizo, ¿cómo está preparada la red pública para asistir a quienes más necesitan atención en salud?, ¿qué cálculos técnicos han realizado dependiendo de cuánto puedan llegar a subir el precio base cada una de las isapres y los distintos escenarios que genere cada alza? Todos estos cálculos, como tantos otros, deben ser vistos y analizados, tal como lo hizo el comité técnico: con cifras y evidencia en mano.
Lo que no nos puede ocurrir es que, una vez más, por temas ideológicos sean las personas quienes queden a la deriva en atención de salud. Y este tema no es menor, considerando que ayer se dio a conocer que durante el segundo trimestre de este año, llevamos una lista de espera de 2.326.980 retrasos en consulta por especialidad No Ges; 72.820 atrasos GES y 320.457 atrasos en intervenciones quirúrgicas.
Si bien esto se discutirá ahora en el Congreso, con un ánimo de diálogo que se nota próspero y democrático, la pelota la tiene ahora el Ejecutivo. Son ellos quienes deben ingresar las indicaciones y permitir que se pueda avanzar y no quedarnos, una vez más, estancados e inertes porque impera la ideología por sobre el estudio técnico y la experiencia.
Del Presidente de la República depende que no nos enfrentemos en el corto plazo a una crisis sanitaria insostenible. Lo que se discuta en estos meses en el Congreso puede cambiar radicalmente la forma en que accedemos a salud en nuestro país. Es la última oportunidad que tiene el Ejecutivo para demostrar que son los acuerdos, en beneficio de la ciudadanía, lo que más le importa.
Por Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS-UDD
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