Columna de Paula Walker: La adopción en Chile

La justicia en Chile ha tenido un rol histórico demasiado relevante en la vida de los niños y niñas a la hora de definir sus destinos. En especial de aquellos que vienen de familias de escasos recursos, quienes rápidamente son judicializados cuando son víctimas de violencia y abandono. La información que pasa por tribunales es parcial, no está centralizada y mucho menos completa. No hay un expediente único que permita comprender mejor cómo ha sido la vida de esos niños. Sus cortas trayectorias vitales no funcionan como un relato continuo para que jueces y juezas puedan tomar las mejores decisiones.

La infancia pobre ha sido castigada severamente por el Estado chileno. Antes de ratificar la Convención Internacional de Derechos del Niño (y la niña) en 1990, el país ignoraba que fueran personas con derechos. Eran tratados como “menores” que requerían de una “tutela” por parte de los adultos. Han pasado 33 años y aún queda muchísimo por avanzar.

En el caso de las adopciones, la historia patria está llena de irregularidades. De las más recientes, como el escándalo que explota en 2014 de la red ilegal encabezada por el sacerdote Gerardo Joannon que involucra a mujeres de familias más pudientes y sus hijos, pasando por las adopciones bajo la dictadura militar y su Plan Nacional de Menores (1978-1982), enfocada en familias pobres, mujeres solas y redes nacionales e internacionales de tráfico de niños. Los testimonios de esas madres que aún buscan a sus hijos e hijas y el impacto en nuestra sociedad, están ampliamente documentados en el estudio “Salvar la Infancia Pobre. Apropiaciones y adopciones internacionales de niños/as bajo la dictadura militar en Chile (1973- 1990)”. La investigación corresponde a la doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas, Karen Alfaro, financiado en 2022 con recursos públicos a través de la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo).

La adopción en nuestro país no ha sido ni transparente ni bien reglada. Y a nadie le ha importado mucho.

El gobierno del Presidente Boric ha dado un paso muy relevante esta semana al retomar un proyecto de ley sobre adopciones (presentado en 2013) enviando modificaciones que modernizarán y protegerán los derechos de los niños. Las modificaciones buscan acortar los tiempos; evitar trámites redundantes y mejorar la información para erradicar medidas incluso contradictorias que se decretan; escuchar la opinión de niños y niñas, apoyar a las familias de origen para reforzar el vínculo con sus hijos. Las personas adoptadas tendrán derecho a su identidad y, por tanto, conocer sus orígenes.

El proyecto en discusión busca eliminar el orden de prelación para adoptar (actualmente se prefiere un matrimonio extranjero antes que una persona soltera en Chile) y regular los contactos post adoptivos para no romper todos los vínculos que niños, niñas o adolescentes han tenido con su familia de origen. La Subsecretaría de la Niñez impulsará un sistema que pase de la opacidad a uno más transparente, que se funde realmente en el interés de los niños y niñas ante cualquier otra consideración.

Por Paula Walker, profesora Magíster Políticas Públicas, U. de Chile