Hace algunas semanas, el gobierno publicó los resultados del proceso de evaluación y monitoreo de los programas sociales y no sociales 2022. A grandes rasgos, el objetivo de este proceso es evaluar el diseño, el desempeño y cómo funcionan los mecanismos de las iniciativas financiadas con recursos públicos y así éstas puedan cumplir de mejor manera su propósito. Esta información es indispensable para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos 2024.
Entre sus resultados se observa como los programas que pasan por este proceso han aumentado de forma importante durante el último tiempo en un 46%, de 478 a 700 entre 2012 a 2022. Los 700 programas analizados, un 69% (484) son sociales y un 31% (216) no sociales. En conjunto suman un presupuesto de US$38.908 millones.
Los resultados no son buenos: se duplicaron las iniciativas estatales que presentaron deficiencias. Entre los años 2021 y 2022, se aumentó de 159 programas con alguna deficiencia (23% del total) a 358 en la misma situación (51%). A su vez, en 2022 más de la mitad de ellos presentó deficiencias en los criterios de focalización o priorización (368 de 700 programas). De ellos, 40 manifiesta solo deficiencias en la focalización, es decir, los criterios aplicados no permitieron o permitieron parcialmente garantizar que la población beneficiada correspondía a la que presentaba el problema; 123 programas solo revelan deficiencias en priorización, es decir, los criterios utilizados no permitieron ordenar a la población beneficiada; 73 iniciativas solo evidenciaron alguna deficiencia en la formulación del indicador de propósito, lo que significa que los indicadores presentados no permiten medir el cumplimiento del programa, y 122 iniciativas evidenciaron más de algún problema en los criterios evaluados. Esto equivale a miles de millones de dólares del presupuesto fiscal que podrían mejorar su eficiencia y uso. En total se destinan a ellos US$22.865 millones.
Visto de otro modo, y tomando en cuenta que varias de estas iniciativas no reportaron o entregaron la información de manera deficiente, solo 221 programas (32%) que se asignan en su conjunto US$6.437 millones, cuentan con todos los indicadores evaluados de manera correcta, es decir, no presentan deficiencia en focalización, tampoco tienen deficiencias en priorización y el indicador de propósito está formulado correctamente.
Asimismo, se observa que gran parte de los programas son pequeños y se revela una importante fragmentación de la oferta estatal: del total monitoreado, 303 iniciativas (un 43%) ejecuta menos de $ 2.000 millones al año. Además, hay varios programas que, provienen de distintas instituciones y que buscan solucionar lo mismo. Por ejemplo, hay 44 iniciativas que buscan resolver el problema de la “insuficiente investigación y la producción científica y tecnológica e innovación” que se encuentran en seis ministerios y fundaciones.
Estos resultados muestran que existe un importante espacio para mejorar la calidad y la eficiencia del gasto estatal. Al mismo tiempo, se evidencia que se debiera avanzar hacia una mayor articulación y coordinación, lo que también es un gran desafío para mejorar la oferta programática. En suma, todos estos hallazgos debieran ser tomados en cuenta antes de solicitar mayores aportes a los contribuyentes.
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