Hace largos años, asistimos al deterioro de la autoridad en todos sus niveles. Los padres en el hogar, los profesores en la sala, los carabineros en la calle, el experto, el Presidente. Todos han visto cómo el piso sobre el que ejercen de su autoridad se hace más resbaladizo. El avance de nuestra sociedad hacia valores individualistas y seculares, y el consecuente decaimiento de varios cuerpos intermedios tradicionales que median entre el poder y la masa -la organización vecinal, la parroquia, el sindicato- forman parte de la explicación. Una evaluación razonada sobre este fenómeno debiera alejarnos de los juicios maniqueos, entendiendo que la buena autoridad hoy es distinta a la de ayer. Lo que no parece aceptable es que estas abracen el poder y abandonen la responsabilidad que le es inherente. El intenso año legislativo que se iniciará en un par de semanas pondrá nuevamente a los actores políticos frente al dilema de ejercer dignamente la autoridad, o trasladarla a la masa.
La insoportable frivolidad con que se habla de lo que “la gente quiere” es la manifestación más evidente de que muchos han decidido lo segundo. No se trata de una escucha atenta de las aspiraciones ciudadanas, tampoco del uso responsable de insumos que pueden orientar una buena decisión, como son las encuestas. Es el abuso y la manipulación de todo esto para perseguir objetivos de corto plazo donde debieran perseguirse los largos. El debate sobre pensiones es un buen ejemplo. Distintas fuentes pueden servir para sostener que las personas quieren el fin de las AFP y su conservación, solidaridad y cotización 100% individual, eliminar las comisiones y mantener la provisión privada, tener buenas pensiones y poder retirar una parte décadas antes de la jubilación. Todo sirve en nombre de lo que “la gente quiere”.
Un ciudadano normal probablemente tenga una idea relativamente clara sobre lo que quiere, quizás también de lo que necesita. Pero es menos probable que sepa cómo le conviene recibirlo, qué prioridad merece esa aspiración, en qué medida su deseo debe ser satisfecho ni cuáles son los efectos sistémicos de avanzar en una u otra dirección. Una autoridad tiene el deber de escuchar, pero por sobre todo de resolver sensatamente, priorizar, evaluar efectos, poner bordes. Ahí radica la responsabilidad que eligió asumir. Al limitar el ejercicio de la autoridad a la simple persecución de ideas circunstancialmente populares, o pretender disfrazar las propias con ese atuendo, muchos actores políticos están desplazando la autoridad hacia la masa, devolviendo el poder que esta les ha otorgado en el mismo estado bruto que lo recibieron, eligiendo el peor camino que la democracia representativa ofrece.
La idea de autoridad ha gozado de mejor salud en los últimos dos años, apalancada por el deterioro de la seguridad pública. Pero esto viene con riesgos. El autoritarismo se alimenta de los restos de la autoridad y el discurso de lo que “la gente quiere” solo aumenta el volumen de carroña.
Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.