El gobierno se ha propuesto terminar con el modelo neoliberal existente en Chile, que se caracterizaría especialmente por la oferta privada competitiva de servicios sociales financiados por el Estado. Lo que tenemos y lo que se quiere cambiar, es un modelo entre muchos que pueden existir bajo un mismo sistema. En este caso, el sistema abarca a todas las economías de mercado abiertas al comercio y las finanzas internacionales. A ese nivel, nuestra economía no se diferencia -ni se diferenciaría- de aquellas existentes en, por ejemplo, Alemania, Suecia, Australia o Nueva Zelanda.
Se suele culpar al modelo chileno por su incapacidad de resolver las deficiencias existentes en materias sociales, que pueden deberse a un gasto fiscal insuficiente o a que los recursos disponibles se gastan mal. En cuanto al monto del gasto social, a menudo se olvida que muy luego después del pronunciamiento y a raíz de un estudio pionero de Miguel Kast y Sergio Molina, el régimen militar decidió priorizar el combate contra la pobreza. Para ello, se focalizó el gasto social en ese último segmento de la población. Los siguientes gobiernos reforzaron tal política y en la actualidad el gasto fiscal social en Chile es aproximadamente un 20 por ciento del PIB y más del 70 por ciento del gasto fiscal; esto es muy elevado y ya se encuentra aproximadamente dentro del rango de ese mismo gasto en los países desarrollados.
En lo que Chile sí se diferencia -al menos parcialmente- de los países citados, es en la forma en que el gasto fiscal se administra, que es lo que le daría el carácter de neoliberal al modelo chileno, y que es lo que se desea cambiar. En los países citados el financiamiento estatal de los servicios sociales tiende a ir acompañado de la oferta estatal correspondiente. En Chile, en cambio, se ha desarrollado una institucionalidad que incentiva la existencia de una oferta privada adecuadamente regulada y competitiva de servicios sociales y una buena parte de ese gasto fiscal se traspasa directa o indirectamente a los ciudadanos -generalmente a aquellos de menores recursos- para que ellos escojan sus proveedores de servicios sociales.
Al respecto, es importante no confundir los actuales graves problemas de nuestros servicios sociales -entre otras cosas, producto de atrasos inexplicables en resolver problemas regulatorios- con la necesidad de hacer reformas estructurales mayores. Más bien, hay que perfeccionar urgentemente los esquemas existentes, porque la oferta privada competitiva de bienes generalmente provistos por el Estado es -según nos enseña la teoría del principal agente- normalmente más eficiente que la oferta estatal. En eso no hay que perderse. Además, tiene la gran ventaja de permitirle a los ciudadanos la libertad de escoger entre proveedores.
Por Rolf Lüders, economista
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