Columna de Sara Larraín: Industria del Hidrógeno: ¿con qué estándares ambientales y territoriales?

El Presidente Gabriel Boric y la Presidenta de la UE, Ursula von der Leyen firmaron hace unas semanas un convenio específico en el cual la UE pondrá mil millones de dólares para atraer inversiones privadas y Chile pone su territorio, agua y energía para la fabricación de hidrógeno y materializar un montaje industrial para exportar el 75% de la eventual producción al 2030. Se le denomina “verde” solo porque no utilizará combustibles fósiles en su fabricación, pero ciertamente sí, en su cadena de transporte.

La Industria del Hidrógeno Verde (H2) se desarrollará masiva y obligadamente en Chile en virtud del Acuerdo Económico con la Unión Europea para el acceso a nuestros minerales y recursos naturales estratégicos, para alimentar la transición energética de Europa, bloque que no ha expresado intenciones de modificar sus estándares de vida, o reducir sus patrones de consumo.

El mapa del despliegue territorial de la industria de H2 está zanjado, y los inversionistas están en la cancha esperando que con los mil millones de dólares se les otorgue créditos tributarios, se les reduzca los riesgos y se les habilite tecnologías y capacite a trabajadores, además de la construcción de puertos, provisión de terrenos fiscales para instalarse y otras 23 iniciativas ya establecidas en el Plan de Acción del Hidrogeno (H2) industrial.

Preocupa que la autoridad y los inversionistas ya determinaron las cinco regiones, territorios y elementos habilitantes para las inversiones en H2. Pero, ni en Antofagasta, ni en Magallanes existe información sobre la biodiversidad, las aguas y la capacidad de carga de los territorios para recibir a estas industrias. No existen líneas de base ambiental, ni Evaluación Ambiental Estratégica, ni Planes de Ordenamiento Territorial en ecosistemas tan frágiles como los de Magallanes.

Tampoco existe normativa ambiental para la desalación (las guías existentes son totalmente insuficientes); ni las coordinaciones institucionales para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para adquirir conocimiento sobre el territorio y prevenir los impactos sinérgicos y acumulados de decenas de mega proyectos de H2 que se pretende instalar en las dos regiones destinadas al aterrizaje masivo de estos complejos industriales, además de aquellos ya anunciados para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío.

Tampoco se ha informado si se aplicará el marco regulatorio y estándares europeos para esta industria (aunque el acuerdo con la UE se habla de armonización regulatoria), que sería lo óptimo para ahorrar tiempo y recursos públicos, y para evitar el dumping ambiental de esta nueva industria, afectando el medioambiente en Chile por tener regulaciones más laxas o inexistentes.

Impresiona y preocupa el sesgo de elite nacional que ha formulado la Estrategia y Plan de Acción del Hidrógeno, concesionando territorios y negociado financiamientos para los inversionistas (además de subsidios vigentes como la Ley Navarino) para la gestión estatal de recursos internacionales para los privados, mejoras tecnológicas y propaganda; pero no existe ni un peso para las evaluaciones ambientales, el ordenamiento territorial, las nuevas normas ambientales, o refuerzos al sistema de evaluación y fiscalización, que prevengan y aseguren que esta industria no provocará los pasivos ambientales que ya han dejado otras industrias como las mineras, forestales e industriales en las zonas en riesgo de sacrificio. Lamentablemente en los talleres de información/participación ciudadana, realizados en las regiones donde aterrizará esta “industria”, se informó solo sobre sus beneficios eventuales, pero no sobre sus impactos.

Actualmente en el país, no hay confianza ciudadana respecto de esta industria, no solo porque la estrategia, las magnitudes y territorios se desarrollaron durante el gobierno pasado y será implementada 100% por inversionistas privados, sino porque el diseño y e implementación no muestra cuáles serán los impactos y beneficios para las comunidades, las regiones y la integridad de los ecosistemas terrestres y marinos del patrimonio ambiental de Chile.

La creación ex post de un Comité Estratégico para la industria del H2 el 6 de julio pasado, integrado por la expresidenta Bachelet, ex ministros de Estado, gobernadores, representantes empresariales y académicos que en tres sesiones deberán dar directrices para el desarrollo de esta industria, más bien parece un intento comunicacional para utilizar la legitimidad de ciertos personeros públicos y académicos para blindar la masiva instalación de una nueva industria intensiva en agua, energía, territorio e infraestructura, sin las condiciones y regulaciones ambiental que prevenga sus impactos.

El margen de maniobra del Comité Estratégico es demasiado estrecho. En el acto de instauración, el ministro de Hacienda comunicó a sus integrantes que las decisiones estratégicas ya estaban tomadas: áreas a ser financiadas, montos y localización, incluso la condición de que la industria del H2 será 100% privada.

Chile y el mundo requieren enfrentar, mitigar y adaptarse al cambio climático, desarrollar una matriz limpia y cumplir con los compromisos internacionales, pero no a cualquier costo, sino en condiciones de justicia social y ambiental. Desde la ciudadanía esperamos que el gobierno, los ministros, gobernadores, políticos y técnicos involucrados en el Comité Consultivo, en el Plan de Acción y en el Comité Estratégico, tomen conciencia de la deficiencia estructural en el diseño y la planificación de esta nueva industria.

Los llamamos a acordar, financiar y ejecutar acciones que permitan superar las carencias de información, participación y regulación ambiental y territorial faltante en esta iniciativa. De lo contrario, en nombre de la transición energética y los compromisos climáticos, estaríamos montando una industria insustentable y con pies de barro.

¿Podrán los destacados miembros del Comité Estratégico alcanzar acuerdos de alto consenso y obtener atribuciones para enmendar el rumbo y prevenir la degradación y los conflictos que otras industrias ya provocaron, y hoy lamentamos?

Por Sara Larraín, directora de Fundación Chile Sustentable