El año 2023 terminó, y al hacer un repaso a estos 12 meses podemos decir que la corrupción se ganó un sitial privilegiado entre los temas que marcaron la agenda pública en Chile. Una lacra que no distingue colores ni bandos políticos; no discrimina por sexo, edad o religión, y en la que nadie corre el peligro de quedar excluido.
A nadie debería sorprender, entonces, que en noviembre la encuesta CEP constatara que un 59% de los consultados cree que el nivel de corrupción en Chile es “mayor” o “mucho mayor” que hace cinco años. O que un 73% considere que “muchas” o “casi todas” las personas están involucradas en actos corruptos, un aumento de seis puntos porcentuales en comparación al año 2015. Instituciones como el Congreso, gobierno, municipalidades y fundaciones, entre otras, son consideradas como corruptas por una mayoría de los encuestados, llevando a que el tema se instalara al tope de las preocupaciones de los chilenos.
La pregunta que cabe hacerse, entonces, es si somos un país más corrupto que antes o si la gente está más sensibilizada por la profusión de casos que han salido a la luz pública en los últimos años. Probablemente ambas cosas.
El último Índice de Percepción de la Corrupción, difundido por Transparencia Internacional a comienzos de año, ubicó a Chile -de menos a más corrupto- en el puesto 27 entre 180 países y en América Latina solo somos superados por Uruguay. Una posición que objetivamente no es mala, pero que tampoco muestra señales de avance: es la misma del año anterior y el organismo lo atribuyó a que el país no está priorizando la lucha contra la corrupción, en un contexto donde 27 de los 32 países de América están estancados desde 2016. Con la profusión de casos que conocimos este año habrá que ver si no descendemos en el próximo informe.
Como todos los años, el mundo municipal ocupa un sitial destacado en este balance. La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público mantiene 642 causas abiertas en todo el país por delitos como malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude al Fisco y blanqueo de capitales, presuntamente cometidos por alcaldes y/o funcionarios municipales de todos los colores políticos. El CDE, en tanto, ha presentado 90 querellas en todo el país, que buscan devolver al Fisco miles de millones de pesos que han sido defraudados, y 32 alcaldes están imputados.
Desde municipios pequeños en regiones, como Renaico, Tierra Amarilla y Peralillo, a comunas de la Región Metropolitana dirigidas por emblemáticas figuras políticas, como Recoleta, Las Condes y Santiago, varios alcaldes y exalcaldes están siendo investigados, algunos ya han sido formalizados y otros incluso están en prisión preventiva, como el actual jefe comunal de Algarrobo, José Luis Yáñez, y el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
A seis meses de que estallara el escándalo de los contratos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, un ministro, dos subsecretarias y tres seremis han tenido que dejar sus cargos desde que estalló el escándalo. Las irregularidades en la entrega altamente discrecional de fondos públicos a fundaciones que no cumplían los requisitos mínimos se fueron multiplicando en 15 regiones. El Ministerio de Justicia solicitó al CDE disolver a más de 10 entidades de ese tipo, debido a que no cumplían con el propósito de su giro, y 48 están siendo investigadas.
La trama que tiene como protagonistas al abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, investigados por un plan para sobornar a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), también ha cobrado varias víctimas. Los antecedentes preliminares de la investigación interna y las diligencias del Ministerio Público por el eventual delito de cohecho le costó el puesto al Director de Grandes Contribuyentes del SII y hasta ahora cuatro funcionarios están suspendidos. La pérdida de confianza fue también el motivo esgrimido por la presidenta de la CMF para desvincular a una periodista de la entidad luego que esta se autodenunciara por haber conversado sobre la consultora STF Capital -investigada por la CMF- con un abogado externo que trabajaba para Villalobos y Sauer.
Cerrando el año, el Ministerio Público desbarató a una banda responsable de defraudar al Fisco con $250.000 millones durante al menos seis años mediante diversos delitos tributarios y lavado de activos, a través de 16 sociedades de “papel” que llegaron a emitir 100 mil facturas ilegales para pagar menos impuestos y obtener devoluciones fraudulentas. Integrada por ingenieros comerciales, contadores auditores y abogados, en el fondo son delincuentes, pero no hay que olvidar que más de 3 mil empresas les compraron facturas falsas durante años y que si bien las primeras alertas se remontan a 2018, recién este año se detuvo a 55 de sus integrantes y se incautaron cuantiosos bienes.
La parte buena de este balance es que nos enteramos de estos casos gracias al trabajo de la prensa y de las distintas instituciones encargadas de perseguirlos y nos seguimos escandalizando con cada uno de ellos en lugar de acostumbrarnos y naturalizar su existencia. La indiferencia de la gente -no hay que olvidarlo- es el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción se expanda hasta permear todas las capas de la sociedad.
La parte mala, es que muchos de estos casos tienden a repetirse una y otra vez sin que aprendamos la lección. La investigación que inició el Ministerio Público por el pago de $8 mil millones en horas extra a funcionarios de la Municipalidad de Las Condes, por dar un ejemplo, es una irregularidad que se viene dando desde hace años, ya ha sido investigada y sancionada en el pasado, pero seguramente no será la última vez que conoceremos una denuncia de este tipo.
¿Qué lecciones nos deja el año que se acabó? Por lo pronto, un llamado de atención a las autoridades para que se enfoquen no solo en la persecución de los delitos una vez que se han cometido, porque es como el carabinero que cursa la multa al conductor que excedió la velocidad o que ya provocó el accidente. Tanto o más importante es trabajar en la prevención para que no ocurran. Y eso no significa seguir creando nuevas leyes, sino en hacer cumplir efectivamente las que ya existen.
El años pasado entró en vigencia la nueva Ley de Delitos Económicos y contra el Medioambiente. Una legislación que está en línea con los estándares internacionales en la materia, donde las empresas son responsables por los delitos cometidos por sus integrantes. Pero el efecto disuasivo que se busca con ella solo se logrará si, más allá de lo que diga el papel, la autoridad se encarga de hacerla cumplir.
La corrupción es como el agua: siempre va encontrar la forma de abrirse camino. Es lo que parecen indicar la sucesión de casos que conocimos en 2023. Para que exista siempre requiere de dos partes, el que corrompe y el que se deja corromper. Ocurrió en el caso Convenios, ocurrió en el caso Audios y ocurrió en los casos que tienen a varios alcaldes enfrentando a la justicia.
Si nos seguimos enterando de más y más casos, lo que cabe a cada uno de nosotros es mantenerse alerta, denunciar cuando detectamos alguno y entender que todos tenemos un rol en prevenirlos, así como exigirles a las autoridades que persigan los delitos y que los responsables sean efectivamente sancionados. Aunque la corrupción no se acabará solo porque hagamos ruido acerca de ella, lo cierto es que por algo se empieza.
Por Susana Sierra, CEO de BH-Compliance
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