El besamanos

SEÑOR DIRECTOR:

En nuestro sistema de justicia, los jueces y ministros de cortes son nombrados a propuesta del propio Poder Judicial por el Presidente de la República. En los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema se requiere, además, la aprobación de dos tercios de los miembros del Senado.

Partiendo de la base de que contamos con un Poder Judicial de buen nivel, en donde independiente de quienes recurran a solicitar justicia, los jueces actúan, en general, de manera autónoma, no es posible obviar que en la nominación de magistrados existe un espacio de opacidad, como lo ha reconocido la propia Corte Suprema.

Es lo que se conoce como el “besamanos”, aludiendo a aquella antigua práctica de sumisión al poder real, aplicable antes al Poder Judicial y ahora a la autoridad política, y que no es más que el lobby que se ejerce para efectos de ser seleccionado en un determinado cargo. Quienes más presionan para que determinado postulante sea nombrado son, por regla general, los parlamentarios, generándose una suerte de prerrogativa de facto que opera de manera transversal.

Así entonces, estamos ante una evidente falla institucional que se ha ido afianzando con los años, siendo tolerada y asumida con naturalidad, mermando la confianza en el sistema. Lo ocurrido con el caso “Hermosilla” es una constatación de aquello.

Por otro lado, surge la legítima duda de cuál es la razón de fondo para que el Poder Judicial deba abocarse a materias de funcionamiento institucional, distrayendo con ello recursos, escasos e indispensables, en la labor de impartir justicia.

De esta forma, es necesario modificar el sistema de designación de jueces y ministros, separando la función jurisdiccional de la de gobierno judicial, y, por otro lado, eliminando la injerencia exógena, cuestión que carece de toda justificación.

Una de las propuestas de la Convención Constitucional era precisamente la creación de un Consejo de Justicia, órgano autónomo integrado por 17 miembros, cuyo objetivo consistía en ejercer el gobierno judicial. Asimismo, la Comisión Experta propuso cuatro órganos, unos de los cuales se encargaría de la función de nombramiento de los magistrados.

En definitiva, si bien las fórmulas pueden ser variadas, debiéndose encontrar la que mejor se adapte a nuestra cultura institucional, lo cierto es que nuestro sistema judicial requiere de una reconfiguración, en donde el proceso de nominación de jueces y ministros esté exento de todo cuestionamiento, separándolo de la injerencia discrecional del poder político y adecuándolo a mecanismos de selección que devuelvan la confianza y credibilidad en el Poder Judicial.

Nicolás Mena

Exsubsecretario de Justicia y director de Fundación Chile21