El boicot

El gobierno intenta hacer avanzar en el Congreso el proyecto de ley de inmigración, que busca responder a la inquietud ciudadana sobre los efectos que puede tener el arribo ilimitado de extranjeros que persiguen radicarse en el país. Preocupa en particular que no se esté controlando debidamente el ingreso de personas con antecedentes penales o que permanezcan aquí quienes hayan delinquido en Chile. Como ha dicho el Presidente Sebastián Piñera, el objetivo es "ordenar la casa", no colocar una barrera infranqueable a la inmigración.

Sin embargo, en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se aprobó por la mayoría opositora la siguiente indicación: "Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto, donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulnerados en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile". Pareciera que el propósito es proteger a quienes son perseguidos, pero en realidad es de una amplitud tal que tiene el efecto de anular cualquier facultad que se otorgue para restringir el ingreso o poner fin a la permanencia en Chile.

Desde luego, no hace excepción de quienes tengan antecedentes penales o que hayan cometido delitos aquí: cualquiera podrá alegar que está en riesgo si es devuelto al país de origen. Y este es el punto, con tan sólo invocar esta norma se generará un proceso de verificación de la efectividad del riesgo alegado y, a continuación, de recursos judiciales para impugnar lo resuelto, que transcurrirán años antes que se pudiere hacer efectiva una deportación. Como no existen recintos para mantener a los inmigrantes con situación pendiente, como ocurre en otros países -ni siquiera tenemos cárceles decentes para los que han delinquido en Chile-, quedarán en libertad y harán vida normal. La experiencia demuestra que al final la situación de hecho se consolidará y nunca se hará efectiva una medida de ese tipo; y, entonces, se habrá aprobado una legislación que no producirá efectos, que es lo que cabe sospechar; dada la redacción, es el objetivo de la indicación.

El gobierno ha acusado un error grave de la oposición, pero en realidad es más que eso: es la tentación del boicot, negar la "sal y el agua", con el fin de impedir que el gobierno sea exitoso y pavimentar la vuelta al poder. Se advierte a todo nivel. Por ejemplo, hace más de dos años que, conforme un cronograma preciso establecido en la ley, el Senado debió haber aprobado la designación de dos ministros suplentes en el Tribunal Constitucional, lo que no se cumplió. La actual administración pretendió ponerse al día y actualizó la propuesta, pero la oposición ha condicionado la aprobación al compromiso de reformas constitucionales en dicho tribunal. Algo totalmente improcedente y que demuestra la voluntad de bloquear a como dé lugar.