SEÑOR DIRECTOR:
En este último tiempo se han visto problemas graves en nuestro sistema educacional; su origen es diverso, pero algunos son consecuencias directas de las reformas educacionales impulsadas durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Hemos visto con tristeza cómo aún a mediados de abril cerca de 800 familias no tienen un cupo para que sus hijos puedan acceder a la educación escolar; que decenas de miles de estudiantes han abandonado la educación formal y que el ausentismo se está transformando abruptamente en una regla general. A esto se le agrega la grave situación que ocurre en Atacama con los problemas de infraestructura y la movilización de profesores, con la situación particular de Antofagasta, que ha redundado también en pérdidas de clases de más de un mes, y así, suma y sigue.
Lo que llama la atención es que la política mire pasivamente estos efectos, como si las reformas educacionales emprendidas hace casi diez años fueran parte de un destino inevitable como en una tragedia griega, y no podamos hacer algo al respecto. Varias de las consecuencias que mencionábamos anteriormente se advirtieron en la tramitación de esas iniciativas, pero simplemente se ignoraron.
La pregunta que surge entonces es qué corresponde que hagamos frente a un mal diseño y a una mala implementación de las políticas públicas.
En primer lugar, parece necesario responsabilizar a quienes impulsan este tipo de iniciativas. Lamentablemente, quienes sufren las consecuencias de las malas decisiones no son quienes las promovieron con fuerza algunos años atrás.
En segundo lugar, urge un sistema de medición constante que evalúe las políticas públicas y que tal evaluación tenga algún efecto. Hoy, una política pública mal diseñada e implementada como la educacional sigue avanzando en su camino como una realidad zanjada, cuando la intuición de los ciudadanos y lo que el sentido común obliga es que, si se advierten errores tempranos, lo adecuado es modificar el rumbo y replantear la acción emprendida.
Por último, es importante que la política no sea un mero espectador privilegiado frente a la incertidumbre grave que ella misma creó en miles de estudiantes y sus familias.
José Francisco Lagos
Director ejecutivo Instituto Res Publica
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