Fiscal nacional en sede política

Los columnistas somos a la conducción de la sociedad lo que los críticos literarios son a la literatura: personas que, desde la comodidad de su escritorio, critican a los que intentan aportar a su disciplina, a una institución o a su país. Esta conciencia me produce pudor, me cuesta juzgar severamente al que en el "fragor de la batalla" toma decisiones difíciles y de enorme responsabilidad, me pasa con el carabinero en la protesta, con el Presidente de la República o con el futbolista que tira un penal. Pero las responsabilidades públicas demandan el control social, sin el juicio ciudadano no habría democracia, así como sin los buenos críticos literarios nos costaría mucho más ver y valorar la buena literatura.

Esta última semana la actuación del fiscal nacional ha mostrado una conducta errática, incompatible con el liderazgo que el país necesita de él en este momento; superficial en sus opiniones, cuando más requerimos de claridad conceptual en su tarea; y derechamente equivocado en sus prioridades, en el preciso momento en que la delincuencia se toma el espacio público, desafía abiertamente el imperio del derecho y ataca organizadamente el orden social civilizado.

Este es el momento en que necesitamos un fiscal nacional con un solo foco, las 24 horas del día, los siete días de la semana: perseguir penalmente a esa verdadera milicia de saqueadores violentos y desafiantes que han destruido la propiedad pública y privada. Sus declaraciones hablando de la plaza de la "dignidad" o postulando que no se debe llevar a sede penal un conflicto "social y político", demuestran un nivel de confusión y de sesgo ideológico impropio para su altísima responsabilidad; ¿podríamos aplicar ese mismo criterio a las violaciones a los DD.HH. derivados del conflicto social y político que hizo crisis en 1973?

Respecto de sus prioridades, uno esperaría que lo más importante fuera que la institución a su cargo investigue a fondo la conducta de cada imputado, hasta dar con los cabecillas de los saqueos; obtenga las penas más altas, para producir el efecto disuasivo propio de la sanción; tuviera un discurso claro reivindicando el imperio de la ley, que para defender la legitimidad de movimientos sociales ya tenemos suficientes parlamentarios, sociólogos y opinólogos. Fiscal nacional solo tenemos uno.

Para que nadie se confunda, no creo en los sistemas punitivos inspirados en la "mano dura", defiendo las garantías procesales, no confundo un sistema de castigo con un sistema de justicia. Pero el sistema de justicia está para aplicar la ley, no para expresar la particular visión de un orden social justo que tiene cada uno de sus intervinientes, para eso está la sede política, no la Fiscalía Nacional.