Opinión

Graves ataques incendiarios en La Araucanía y Bíobío


La Araucanía y el Biobío han vuelto a ser escenario de graves atentados incendiarios, al punto que los ataques registrados en la madrugada del viernes en ambas regiones -que en menos de una hora dejaron un total de 30 vehículos destruidos, la mayoría de ellos camiones pertenecientes a empresas contratistas forestales-, se ubican entre los de mayor magnitud desde que esta práctica comenzó en 1997, en el marco del llamado conflicto indígena. En agosto del año pasado, se registró la mayor quema de todas, con un total de 29 camiones siniestrados, en San José de la Mariquina.

Los gremios empresariales de la zona formularon duras críticas a raíz de estos nuevos ataques, haciendo ver que se trata de hechos de la “máxima gravedad”, que dejan en total desprotección a empresarios y trabajadores que laboran en faenas forestales, además de su resignación ante la falta de eficacia del Estado para lograr dar una solución, privándolos de su elemental derecho a la justicia.

El gobierno anunció la presentación de una querella por incendio terrorista, y en palabras del ministro del Interior, “los hechos no quedarán impunes”. Desgraciadamente, no hay ninguna certeza de que estas acciones judiciales desemboquen en resultados concretos. A lo largo de esta administración ya se han presentado decenas de acciones invocando la ley antiterrorista, la mayoría sin éxito, una ominosa impunidad que será parte de los legados que dejará el actual gobierno, lo que extrañamente parece no ser dimensionado por la Nueva Mayoría.

Estos nuevos atentados tienen lugar en el punto más bajo de la relación entre las instituciones dedicadas a combatir el delito. La Fiscalía ha acusado a Carabineros de la manipulación de pruebas en el marco de la “Operación Huracán”, un caso en que aparecían ocho comuneros involucrados -precisamente en un caso de quema de camiones-, los que fueron sobreseídos por el Tribunal de Garantía y ahora se está a la espera de lo que se resuelva en la apelación respecto de todos ellos. La propia Fiscalía recriminó al gobierno por su “inactividad evidente” en este proceso, y se ha conocido que en esta última quema, las diligencias las está realizando la PDI, y no Carabineros, como solía ocurrir.

No parece casualidad que el masivo atentado se haya realizado en este preciso momento, coordinadamente, a gran escala y en dos regiones. Es una evidente provocación a la institucionalidad del Estado, donde los grupos insurrectos están enviando la señal de que estas debilidades serán aprovechadas para seguir delinquiendo y sembrando el terror, en una de las zonas que paradojalmente se supone que es una de las más vigiladas del país. No es difícil anticipar que si cuando había relativa normalidad entre las instituciones los atentados sucedían sin mayor dificultad, ahora, con el Estado dividido, los hechos se podrían multiplicar aún más, lo que resulta desesperanzador para sus habitantes.

A raíz de estos atentados, el gobierno entrante ha comprometido una modernización de las policías, la reestructuración del sistema nacional de inteligencia y el fortalecimiento de la coordinación entre fiscales, policías y jueces. Si bien estas medidas podrían ser plausibles, su implementación será de largo plazo, por lo que las nuevas autoridades deberán acelerar medidas para lograr cuanto antes una normalidad institucional, pues el cuadro actual resulta insostenible.

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