Incendios y regulación a industria forestal

Es inapropiado que en medio de la emergencia el Mandatario haya puesto sobre la mesa la necesidad de una nueva regulación forestal, generando con ello una innecesaria animadversión y precipitando un debate que requiere de complejos análisis.



Sorprendió que en medio de la catástrofe que vive el país producto de los incendios que afectan a la zona centro-sur, el Presidente de la República haya puesto sobre la mesa la necesidad de una nueva regulación para la industria forestal. Durante una visita a la Región de Ñuble, señaló que “he planteado a los parlamentarios, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con respecto a la industria forestal, una regulación distinta”. Sus palabras generaron inmediatas reacciones en la Sofofa, gremio que estimó como “improcedente y totalmente fuera de contexto que las autoridades abran un debate sobre la industria forestal”, haciendo un llamado a concentrase en el combate a la emergencia.

Desde La Moneda ayer hubo una vocería sobre el tema, indicándose que con posterioridad a que se supere la emergencia se comenzará a trabajar en la reconstrucción, y que luego se trabajará en un “nuevo pacto”, relativo a los lineamientos que tendrá a la vista el Estado para combatir los incendios, uno de cuyos aspectos será la regulación a la industria forestal.

La actual temporada de incendios forestales ya está siendo una de las más destructivas que recuerde el país, no solo por la vastedad de la superficie quemada, sino por el elevado número de víctimas fatales así como por la masiva destrucción de viviendas. Como ya se ha indicado en estas mismas páginas, los efectos del calentamiento global se van a dejar sentir con especial crudeza en regiones como la nuestra, con aumentos de la temperatura promedio y disminución de las precipitaciones, lo que obliga a repensar nuestras capacidades para combatir los siniestros y una nueva planificación del territorio.

Un debate de esta envergadura requiere entonces de un análisis en profundidad, que cristalice en políticas que permitan armonizar las necesidades productivas del país con el necesario resguardo del medioambiente. La forma intempestiva en que el Mandatario ha puesto el tema se aleja de estos criterios, y en cambio se pudo dar a entender que más bien se perseguían afanes oportunistas o, peor aún, de pretender atribuir responsabilidades directas a las empresas forestales en estos siniestros, en sintonía con quienes estiman que los monocultivos tienen gran incidencia en la propagación del fuego, materia que debe ser objeto de estudio.

En una emergencia como la que hoy se vive, en que tanto los organismos públicos así como empresas privadas han puesto todos sus recursos a disposición para combatir los incendios, instalar lógicas de “buenos y malos” en nada ayuda y solo enardece el debate público. Se habría esperado, en cambio, que en este momento el Mandatario pusiera énfasis en cómo combatir la intencionalidad de los siniestros, pues tal como lo ha indicado la propia Fiscalía de La Araucanía, así como muchas otras voces, los múltiples focos de incendios indican una acción directa de querer causar daño, lo cual supone una amenaza a la seguridad del país.

Cabe esperar que las declaraciones expresadas ayer desde La Moneda anticipen que no se insistirá en instalar en este momento un debate sobre cuestiones regulatorias y se buscará un mejor momento para ello. La disposición, por lo demás, existe, tal como lo señaló el gerente general de la CMPC en entrevista con este medio, quien hizo ver que están disponibles para participar de todas las conversaciones y que es muy necesario tenerlas, pero que es relevante basarse en información confiable y no basada en la desinformación.

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