SEÑOR DIRECTOR:
La informalidad laboral ha sido durante mucho tiempo una sombra en el panorama económico y social. Según la última EME, más de un millón de emprendimientos operan en estas condiciones, en su mayoría autoempleados.
Esta realidad plantea desafíos complejos. Por un lado, la informalidad actúa a menudo como un amortiguador en el mercado del trabajo, brindando una alternativa para personas que por distintas razones no tienen espacio en la economía formal. Al mismo tiempo, conlleva una serie de desventajas tanto para los trabajadores como para el Estado, estrechamente vinculadas a la pobreza y a la falta de oportunidades. Los trabajadores informales carecen de una seguridad social adecuada y son invisibles para las políticas públicas. Estas circunstancias hacen que sea extremadamente difícil la implementación de medidas efectivas para mejorar sus condiciones de vida y promover su inclusión en la economía formal.
Este contexto demanda urgentemente políticas que fomenten la formalidad laboral. La propuesta de un monotributo para microempresas (autoempleo informal principalmente) incluida en el pacto fiscal, ofrece una luz en este sentido. De implementarse, esta medida facilitaría el proceso de formalización para miles de pequeños emprendedores, y proporcionaría al Estado la información necesaria para comprender mejor las dinámicas del sector y diseñar políticas públicas que cumplan con su propósito.
Ahora bien, por más que la propuesta de monotributo represente un paso en la dirección correcta, ésta debe ir acompañada de medidas específicas que aborden las necesidades de los más vulnerables: grupo que ni siquiera está en condiciones de pagar un monotributo. No podemos seguir excluyéndolos, es fundamental explorar formas de apoyarlos hacia una mayor estabilidad económica y social.
Mario Pavón Prat
Gerente general de Fondo Esperanza
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