Inmigrantes

Por Álvaro Pezoa, ingeniero Comercial y doctor en Filosofía

La revitalizada entrada a Chile de inmigrantes ilegales durante las últimas semanas, especialmente por el Norte Grande, vuelve a poner en el tapete la ausencia de una política nacional clara en un ámbito de alta relevancia para el país en cualquier circunstancia, más todavía en medio de la crisis que actualmente padece. Al respecto, llaman poderosamente la atención la inacción del gobierno, por una parte, y la irresponsabilidad de la oposición, por otra. Más todavía, si se considera que la materia, aunque compleja, no parece extremadamente difícil de resolver.

Aun teniendo, en general, una posición favorable a los procesos migratorios y comprendiendo el aporte que pueden significar para la sociedad que acoge y, desde luego, para quienes deben dejar sus patrias de origen en busca de nuevos horizontes fuera de sus tierras natales, resulta evidente que la inmigración debe ser ordenada y controlada por el país que enfrenta la presión de contingentes foráneos por ingresar a su territorio.

Durante la presente década, particularmente durante el segundo gobierno de Bachelet, entraron centenares de miles de personas al país de forma masiva e inorgánica, la gran mayoría en paupérrimas condiciones económicas. Al inicio de la actual administración se hizo un valorable esfuerzo por legalizar la situación de aquellas como, asimismo, de elegir a quienes intentaban cruzar las fronteras nacionales con ánimo de establecerse. Dentro de este contexto, el gobierno impulsó un proyecto de ley para regular la inmigración. Fue una de sus primeras y más aplaudidas medidas. Habiendo transcurrido más de dos años y medio, la situación parece haber retornado a fojas cero. El Ejecutivo toma palco ante el masivo ingreso de indocumentados, mientras parlamentarios de oposición habían presentado una indicación a la ley que se tramita, por la que aquellos que logren traspasar los límites nacionales deberían ser provistos de una visa que les permita permanecer y trabajar, acción que ha sido denominada efecto “llamada”, la que fue rechazada ayer en el Senado.

¿Es necesaria una nueva pieza legal para que la autoridad política haga valer los legítimos derechos nacionales sobre quienes desean ingresar y quedarse en Chile? No, bastaría con aplicar las normativas vigentes. Aunque, sin duda, esa ley podría ayudar. ¿Es acaso lógico que congresistas prácticamente invitaran a venir al país a extranjeros en forma ilegal, ofreciéndoles además blanquear sus antecedentes asegurándoles la obtención de una visa? Obviamente, tampoco. Menos aún en las condiciones de pandemia, agitación social, caída de la actividad económica y altísimo desempleo existentes. A menos, claro está, que se busque desestabilizar aún más la sociedad y generar en la ciudadanía abierto rechazo hacia el extranjero inmigrante. Peligros suficientes para que, en este ámbito, actúe la primera y asuman una conducta responsable los segundos.