Jorge Gómez

Jorge Gómez

Director de Contenidos de la Fundación para el Progreso

Opinión

Justicia social libertaria


Durante el período del apartheid en Sudáfrica, el derecho de propiedad estaba consagrado como un principio. No obstante, bajo las llamadas leyes de pase, un sujeto como Nelson Mandela solo podía trabajar en ciertas zonas de Johannesburgo. Es decir, la libertad económica no existía en términos estrictos, puesto que la estructura institucional sudafricana era claramente arbitraria bajo sesgos raciales, establecidos legalmente.

¿Se podría haber resuelto esto simplemente si el Estado sudafricano se hubiera dedicado a redistribuir recursos entre los excluidos? Probablemente no. ¿Se habría solucionado promoviendo el derecho de propiedad, sin cuestionar si las instituciones eran justas? De seguro tampoco. En otras palabras, ni igualitarios ni libertarios habrían resuelto el tema en términos estrictos bajo sus supuestos más tradicionales. 

Lo lógico habría sido propiciar instituciones que favorecieran una igual libertad, para negros y blancos, para trabajar, probar suerte y pararse sobre sus propios pies sin depender del beneplácito de nadie. Es decir, lo que faltaba ahí era una amplia libertad económica para todos y una visión holística de justicia que evitara la existencia de instituciones arbitrarias como las leyes de pase del apartheid.

La perspectiva anterior, aplicada al caso sudafricano, es similar a la que intenta proponer John Tomasi en su libro Free Market Fairness (2012) a través de la idea de market democracy, donde las libertades económicas son consideradas la base para la conformación de una concepción de la justicia social, a partir de una perspectiva deliberativa en cuanto al carácter justo o injusto de ciertas instituciones políticas y sociales. Esto pone al académico de la Universidad de Brown entre los liberales igualitarios y los libertarios, pues no desdeña de la importancia de las libertades económicas como los primeros, ni considera el orden espontáneo como un sistema absolutamente incuestionable. 

A diferencia de otros pensadores, Tomasi no plantea necesariamente una conjunción entre lo que se supone mejor del Estado y lo que se supone mejor del mercado. Sabe que el asunto es más complejo que eso y entonces invita a pensar en un estándar holístico donde la justicia social se considera como propiedad de las instituciones como un todo, y no como una simple herramienta de distribución y repartija de bienes bajo pautas específicas según la reclamación de grupos determinados. En términos sencillos, y quizás exagerando el punto, Tomasi intenta cumplir el propósito social igualitario de John Rawls a través de la perspectiva ética de Robert Nozick.

Lo anterior, que parece un ejercicio esencialmente teórico, es fundamental a la hora de discutir, por ejemplo, acerca de las pensiones o el financiamiento educativo en Chile. Más importante que el elemento repartido o la pauta estática para proceder a aquel proceso, lo clave son los criterios desde los cuales se producen las instituciones justas que permiten que todos se beneficien de la cooperación social de forma permanente y esencialmente autónoma. Es decir, por ejemplo, la gratuidad universitaria puede sonar igualitaria para muchos, pero no necesariamente puede ser una institución justa en términos estrictos si consideramos la estructura educacional en su conjunto, sobre todo en cuanto al actual acceso a la educación primaria. Lo mismo puede decirse de las privatizaciones, las cuales pueden sonar eficientes para muchos libertarios, pero no necesariamente ser justas si consideramos un marco institucional donde reina el mercantilismo o el capitalismo de amigotes. Ambas perspectivas, que son paradojalmente dos formas de redistribución particulares, pueden terminar siendo perniciosas para la conformación de instituciones justas que favorezcan no solo mayor justicia social sino mayor cooperación social con alta libertad económica.

Plantear que un mercado libre puede ser una fuente de instituciones justas parece resultar descabellado para muchos en el debate actual donde unos desdeñan del mercado, atribuyendo funciones excesivas al Estado, y otros de la idea de justicia, prescindiendo de cuestionar un ápice al orden vigente. Pues bien, algo así intenta proponer John Tomasi pero sin caer en el dualismo maniqueo entre mercado y Estado. Con su idea de una democracia de mercado busca colocar un cimiento a esta reflexión, a veces despreciada por los más libertarios bajo el absoluto de la propiedad y torcida por los liberales igualitarios que olvidan que la justicia no puede subsumir la propia libertad sin caer en una triste paradoja. La perspectiva de Tomasi, en ese sentido, parece plantear y retomar un viejo criterio que un liberal chileno como José Victorino Lastarria defendía férreamente: que la libertad es la justicia.

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