La descentralización no puede detenerse

Con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización no solo se viabiliza la elección de gobernadores regionales, fijadas para octubre de 2020, sino, además, se cumple una etapa central del proceso de descentralización que impulsó el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Hay razones más que suficientes para estar satisfechos de la labor realizada. Como nunca antes, pusimos a la descentralización en el centro del debate nacional con proyectos concretos para enfrentar las desigualdades territoriales y darles a las regiones el lugar que merecen en nuestro proceso de desarrollo, a través de diversas medidas que se van a aplicar de forma gradual, selectiva y en un horizonte de mediano y largo plazo.

Para que estas leyes tengan el efecto esperado se requieren una serie de decretos supremos y reglamentos que deben expedirse en un plazo que, en varios casos, sobrepasa el período del actual gobierno. En consecuencia, el trabajo está lejos de terminar, por lo que será deber de las autoridades de la próxima administración culminar exitosamente este proceso. Entre ellos, quisiera destacar el Reglamento que fija la Políticas de Zonas Rezagadas que debe definir los criterios e indicadores objetivos para calificar como tal a un determinado territorio. De esta manera, podremos asegurar la continuidad de esta iniciativa que tiene por finalidad generar condiciones de desarrollo socioeconómico y reducir brechas de carácter territorial mediante una política de intervención intersectorial, con foco en el desarrollo productivo, en la transferencia de competencias y en la generación de capital social y humano.

También debe dictarse el Decreto Supremo que fija el Reglamento de los Programas Regionales de Ordenamiento Territorial, instrumento de planificación de gran importancia que permite espacializar los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos de un territorio. Además, fijará las condiciones para la instalación de faenas o infraestructuras, ordenando, de esta manera, la actividad económica y de habitabilidad de las regiones. Lo relevante es que, desde ahora, cada región contará con un plan ordenador decidido en el propio territorio y por sus habitantes.

Otro decreto que debe dictarse es el que fija el Reglamento de Áreas Metropolitanas que establecerá los estándares mínimos para su instalación, a partir de las cuales las conurbaciones de más de 250 mil habitantes podrán afrontar de manera conjunta desafíos comunes en movilidad urbana, vivienda, medio ambiente y tratamiento de residuos sólidos. En este mismo ámbito debe aprobarse el Reglamento del Comité Consultivo de Alcaldes del área metropolitana, el cual regulará su funcionamiento.

Aún hay mucho por avanzar. La descentralización es dinámica, continua en el tiempo y no puede detenerse. Serán, entonces, las futuras autoridades las que tendrán la enorme responsabilidad de seguir construyendo este proceso sobre los sólidos pilares que hemos levantado en estos años.