La educación superior en la nueva Constitución

Recientemente, este medio publicó una entrevista al presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) y rector de la Universidad de Valparaíso, en la que éste explica cuál es la mirada que dicha agrupación tiene con relación a la manera como la educación superior debiera ser abordada en una nueva Constitución. Con relación a este punto, llama la atención que, pese al rotundo rechazo al texto propuesto por la concluida Convención Constitucional, el Cuech sigue manifestándose a favor de la cuestionable discriminación que ahí se proponía en lo relativo al reconocimiento y trato del Estado con las instituciones y al financiamiento público que éstas y sus estudiantes recibirían en función de su naturaleza jurídica.

No es sorpresa que un estamento representante de un grupo de universidades tenga dentro de sus propósitos defender y abogar por los intereses del sector. De esta forma, la demanda por un financiamiento preferente en la forma de aportes directos y basales era bastante esperable. Sin embargo, se echa de menos una mirada más realista de las posibilidades que tiene el país de avanzar hacia algo así y no sólo eso, además un análisis más profundo sobre la conveniencia de hacerlo, considerando que hoy más del 80% de quienes asisten a este nivel educativo opta por una casa de estudios privada.

Si ello es así, es porque la educación estatal ha sido incapaz de posicionarse como la alternativa educativa más preferida en el país, encontrándose, al igual que en el sector privado, una alta heterogeneidad en cuanto a la calidad de sus instituciones. Asimismo, es posible que los continuos paros o la excesiva ideologización de los espacios estudiantiles que se observan en algunas universidades estatales -algo que a la larga atenta contra el pluralismo que éstas dicen cobijar- sean factores que desincentiven la llegada de más postulantes. Se trata de problemas que no se resolverán con el reconocimiento que reciba la educación estatal en la Constitución ni con un eventual trato preferente en lo relativo al financiamiento público, sino con una mayor autocrítica y una agenda de acciones concretas por parte de sus autoridades.

El sistema de educación superior chileno, de carácter mixto, con sus aciertos y errores, ha permitido un progreso destacable, que se evidencia en la inédita alza en cobertura durante las últimas décadas y en el avance que exhiben las universidades en diversos rankings internacionales. Pretender por tanto debilitarlo a través de una nueva Constitución que priorice lo estatal representa un despropósito. En cambio, sería conveniente avanzar hacia el reconocimiento del sistema que hoy existe, promoviendo y reforzando los espacios para que tanto el sector estatal como privado puedan colaborar aún de mejor forma en los desafíos que exigen al sector, y fortaleciendo la posibilidad de los jóvenes de seguir escogiendo el tipo de educación que más sentido les haga. Después de todo, se trata de un derecho que le pertenece a los estudiantes y sus familias.