Una de las actuaciones que llevó al fracaso al primer proceso constituyente fue el hecho de que sus integrantes decidieran ignorar el sentir popular y establecer como ciertas solo sus propias creencias.
Lamentablemente es un error frecuente en la política, el atrincherarse en doctrinas para imponer modelos de vida que en la práctica no le hacen ningún sentido al ciudadano común y corriente.
En la última encuesta CEP se volvió a ratificar que la salud es una de las mayores preocupaciones de la gente (41%) tras la delincuencia, asaltos y robos, tendencia que se viene revelando desde hace meses en otros sondeos, donde la gran mayoría de las personas también manifiesta la voluntad de mantener su libertad de elección y un sistema mixto (85%) compuesto por centros de salud privados como estatales, donde se puedan atender.
Igualmente, en la última Cadem, el 85% de los consultados prefirió la alternativa de que cada persona pueda elegir el régimen de salud al cual acogerse y la institución que le entregue la cobertura, ya sea estatal o privada, el mismo principio que propuso y defiende la Iniciativa Popular de Norma (IPN) del movimiento ciudadano Salud Libre, que reunió 13 mil apoyos y que se expuso en el Consejo Constituyente.
La libertad de elegir en salud representa el sentir de las personas, sin embargo, quedó abierta en la discusión del texto que realizaron los expertos, al no alcanzar consenso en las fuerzas políticas representadas en esa etapa.
El no establecerlo, no solo implicaría desconocer lo que las personas quieren y valoran, sino que también sería hacer desaparecer de manera arbitraria un derecho ya adquirido contraviniendo el artículo 24 de los expertos respecto a la progresividad de los derechos.
Además, se incumpliría el acuerdo de que existan alternativas públicas y privadas para la satisfacción de los derechos. En resumen, el no incluir la libertad de elección en salud impedirá que el nuevo texto Constitucional sea uno que nos represente a todos.
Hoy los casi 3 millones de chilenos que tienen Isapre sí pueden ejercer su derecho de elegir, a diferencia de la inmensa mayoría de usuarios de Fonasa, condenados a tiempos de espera que pueden tardar años y una calidad de atención llena de deficiencias. Por ello, ¿por qué no ampliar ese derecho a todos los chilenos en vez de hacerlo desaparecer?
Como país, no estamos para consagrar las miradas maximalistas y paternalistas que creen que la gente no está capacitada para tomar sus propias decisiones. Al contrario, es tiempo de avanzar en un ordenamiento que permita poner a disposición de los ciudadanos todas las alternativas de atención posibles, que cuenten con las ventajas en innovación y eficiencia del sector privado y también con el ordenamiento de un sector público puesto al servicio de las personas.
No escuchar la voz de la gente sobre su preferencia de elegir en materia de seguridad social es un profundo error. Al contrario, el incluirla, ayudaría a validar un proceso que requiere el respaldo mayoritario de todos los chilenos.
Por Victoria Beaumont Hewitt, Movimiento Ciudadano Salud Libre
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