SEÑOR DIRECTOR:
Una reciente columna de Daniel Rodríguez de Acción Educar, titulada “Riesgos en la reforma a la educación pública”, alude a supuestos riesgos del proyecto de ley que ajusta la educación pública.
En ella reconoce los avances del proyecto para mejorar la implementación de los SLEP y para evitar acciones abusivas de aumento de salarios por parte de los municipios antes de la transferencia a los SLEP.
Adicionalmente, especula que las medidas para el apoyo, la dirección y el establecimiento de herramientas para intervenir en caso de crisis son un conjunto de medidas centralistas que inmovilizarían la toma de decisiones locales, perspectiva sesgada y poco vinculada a la evidencia empírica.
El proyecto de ley fortalece la autonomía de los SLEP y los establecimientos, abriendo incluso la posibilidad de que las escuelas cuenten con recursos de gestión propia para solucionar problemas cotidianos.
En el caso de las herramientas que se proponen para que la DEP y el Mineduc puedan prevenir y solucionar problemas que superan las capacidades de un SLEP, la columna sigue una visión catastrofista que desconoce la problemática de Atacama. En la ley actual, ni la DEP ni el Mineduc tienen la posibilidad de ayudar y contribuir a solucionar problemas. Es más, no pueden nombrar un director ejecutivo transitorio en caso de crisis, ni tienen la posibilidad de contribuir para mejorar la infraestructura y la gestión de forma ágil.
Si estamos construyendo un sistema de educación pública es indispensable su interconexión y no -como sugiere la columna- un conjunto disperso de sostenedores que, ante una crisis, no tienen posibilidades de apoyo ni de inyección de recursos para solventar ese trance.
Ernesto Treviño
Facultad Educación UC
Centro Justicia Educacional
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.